Sebastián Hurtado

¿Aliado antiminero?

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4 de June de 2013 00:02

La dirigencia indígena antiminera no debería quejarse demasiado por los esfuerzos del Gobierno por desarrollar la minería de gran escala en Ecuador. A fin de cuentas, la "revolución ciudadana" ha sido su aliada a la hora de evitar un "boom" minero en el país.

Basta recordar que en 2008 la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el Ejecutivo, promulgó un "mandato" que extinguió miles de concesiones mineras y estableció una moratoria de nuevas concesiones, mientras se expedía una nueva legislación para la actividad. Esa decisión política casi paralizó las inversiones mineras y ha mantenido en la incertidumbre, tanto a inversionistas que se encontraban en el país, como a los que tenían algún interés en arribar. Según declaraciones recientes del representante de la Cámara de Minería, a partir del mandato minero "comenzó una etapa difícil para el sector", por lo que, hasta el momento, "no existe un sólo proyecto minero industrial en desarrollo".

El proceso de implementación de una nueva legislación minera ha tomado años y aún no concluye. Hace apenas dos semanas el ejecutivo planteó una reforma urgente a la Ley minera, luego de constatar que, tras cuatro años de su expedición, de poco ha servido para atraer inversiones significativas hacia el sector. De acuerdo con una encuesta entre empresas mineras que desarrolla anualmente el Instituto Frasier en Canadá, Ecuador continúa ofreciendo una de las políticas públicas menos atractivas del mundo para la inversión en minería.

Al mismo tiempo, la continua confrontación gubernamental con los inversionistas extranjeros y especialmente con aquellos que se dedican a la explotación de los recursos naturales, tampoco ha ayudado a posicionar a Ecuador como un destino atractivo para las inversiones en general y para las mineras en particular.

Esta situación ha resultado muy frustrante para inversionistas que esperaban que, un Gobierno poseedor de enormes recursos políticos y aparentemente interesado en explotar el vasto potencial minero del país, logre sin dilaciones afianzar un esquema regulatorio que lo facilite. Según representantes del sector, incluso si se implementan las reformas mineras hoy en discusión, Ecuador continuará siendo una de las plazas más onerosas de la región para las inversiones en minería.

La debilitada dirigencia indígena no tiene más alternativa que oponerse a los planes mineros del Gobierno, como una manera de mantener alguna vigencia política. Debe, sin embargo, estar consciente de que, luego de seis años de revolución ciudadana, el desarrollo minero ha sido limitado y que probablemente Ecuador nunca llegue a replicar el "boom" registrado en países como Chile o Perú. Los líderes antiminería deberían considerar aquello, al menos, como un triunfo político parcial.