Alfredo Negrete

EE.UU.: ventajas federalistas

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Las experiencias de las repúblicas en América Latina se han repartido entre el unitarismo y el federalismo. La mayoría de los países ha escogido la forma de una administración centralizada mientras que Brasil, Venezuela, México y Argentina han optado por la federación real o simulada.

Ecuador siempre fue unitario aunque en su origen fue federal, cuando se fundó por la agregación de tres departamentos diferentes pero con el objetivo de mantener la independencia frente a Colombia y Perú. Desde entonces, la experiencia institucional ha sido irregular e inestable como incluso se demuestra con el fallido episodio de la Revolución Ciudadana que, pese a contar con todos los poderes, deja un triste espantapájaros sin aves que lo entretengan o alboroten.

Las experiencias de las elecciones primarias en Estados Unidos son importantes. El voto indirecto y la no obligatoriedad del mismo aseguran que el eterno mal del populismo que tanto daño ha causado y causa en América Latina no entrará en la potencia del norte por las trabas federalistas que nunca favorecerán a una conducción unitaria.

Aunque el fenómeno político de Trump genere un temor en muchos ámbitos de la comunidad americana y en los escenarios internacionales, el poder institucional de EE.UU. tiene tanta fortaleza que impedirá el ejercicio de políticas arbitrarias.

El Ecuador tiene poco tiempo antes de las elecciones y que se desordene aún más la situación para el próximo gobierno: debe administrar una crisis económica por la caída del precio dorado del petróleo y hacerlo sin mayoría parlamentaria. Además, con los organismos de control en manos del régimen que despavorido abandona el poder, pues no hay ninguna posibilidad política de una reelección indefinida. No jurídica porque la Corte Constitucional soluciona cualquier dificultad o impedimento bajo pedido a la carta. Simplemente, por la realidad política y social.

Aunque parezca repetitivo, solo existe un escenario de estabilidad. Se trata de un acuerdo mínimo entre el gobierno que sale y los posibles sucesores: 1) Una moratoria para la aprobación de un estado de emergencia económica para expedir resoluciones propuestas por el Presidente de la República electo. 2) Un proyecto de reforma constitucional que logre equilibrar el ejercicio del poder sustituyendo en sus funciones a los actuales titulares del Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría General, Procuraduría General y Fiscalía General. Es posible que con el advenimiento de un nuevo gobierno estos funcionarios abdiquen de sus cargos. Es ingenuo proponerlo, pero no está prohibido por la Ley de Comunicación. 3). Siguiendo un ejemplo parecido al de Guatemala es necesario integrar una comisión Internacional de auditoría, pues el ambiente está plagado de rumores y sospechas.

En este campo la Junta de Beneficencia de Guayaquil tendrá que certificar quienes realmente han sido beneficiados por el Premio Mayor o el Pozo Millonario durante estos años.