10 de January de 2011 00:00

Alerta por la legislación

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Es bueno curarse en sano y alertar a la ciudadanía antes de que sucedan más cosas luego de que ya ha pasado bastante agua bajo el puente. No pueden seguir dormidos e inertes frente a lo que está ocurriendo en materia legislativa en la Asamblea. El mismo hecho de que el Gobierno mencione la posibilidad de proponer reformas legales en una consulta popular debería llamar a la preocupación a los asambleístas sobre el papel que cumplen, han dejado de hacer o han hecho mal, más allá del derecho constitucional que tiene el Ejecutivo para convocar al pueblo a las urnas. La reforma penal es un tema extremadamente complejo y especializado, que no debería ser expuesto al electorado sino que tiene que ser debatido ampliamente con responsabilidad legislativa y la opinión de verdaderos juristas. Con ello no se cae en el error de las reformas que se han hecho y deshecho durante los últimos tiempos. Tampoco puede generarse una falsa expectativa de que con el pronunciamiento favorable del pueblo se solucionará el problema de la inseguridad ciudadana. Eso sería una irresponsabilidad, cuando son los operadores y los que hacen las indagaciones penales los principales actores del retardo de la justicia y la impunidad.

Hoy existen dos proyectos de ley que están a punto de concluir su aprobación y que el país debe enterarse y reflexionar: la Ley de Educación Intercultural, en el que no se quiere cumplir ni siquiera con lo que les ofrecieron a los maestros que salgan del magisterio. Con tanta pompa se prometió y ahora asambleístas oficialistas argumentan que no hay los recursos.

El segundo proyecto, mucho más grave, de reformas a la Ley de Transporte Terrestre. En medio del clamor ciudadano para que paren la irresponsabilidad en las vías, se controlen con firmeza a las operadoras, se prevenga y evite miles de muertos cada año y se sancione a los responsables, la Asamblea prevé aprobar las reformas pero con cuestionamientos de diferentes sectores, incluido del oficialismo. El asambleísta Virgilio Hernández ha sido crítico y ha exigido que prevalezca el interés ciudadano y no siga siendo una herramienta de los grupos de poder.

Lo grave de esto es que la organización Justicia Vial denunció un pacto firmado entre representantes del gobierno, Alianza País, la Comisión de Transporte Terrestre y los choferes para flexibilizar la ley en momentos en que los accidentes de tránsito, los muertos y heridos han crecido. El acta del 28 de septiembre pasado, en el Ministerio de Transporte, señala, entre otras cosas acordadas, promover la eliminación de los artículos que prevén la sanción a las operadoras en los casos de accidentes ocasionados en los vehículos de su agrupación. De concretarse, sería una barbaridad y la ciudadanía no puede seguir indiferente frente a estos hechos gravísimos.

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