10 de May de 2010 00:00

Alerta por distorsión económica

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Miguel Rivadeneira Vallejo

Hoy que está proscripto el juicio político en la Asamblea por decisión del Ejecutivo –aunque la corrupción siga galopante y ni los casos denunciados por asambleístas oficialistas contra el Fiscal General se puedan ventilar- por lo menos deberían responder por el juicio administrativo que se instauró tras el comunicado del 19 de enero, que el Fiscal admitió que fue un error. La Contraloría debería rendir cuentas y las auditorías por el uso de vehículos y otros recursos.

Por qué los fallos de ahora: uno por pedido de la Fiscalía a favor del ex presidente de la Corte, Guillermo Castro (PRE), acusado de ayudar a Abdalá Bucaram. La salida de la cárcel del sentenciado por narcotráfico, César Fernández, denunciado en el bloque oficial de ser el tío de la asambleísta que votó por el archivo del juicio político. Qué pasó con la denuncia del asambleísta oficial Fernando González del robo de USD 6 millones en la ejecución de la vía Ambato-Río Blanco.

Como el juicio político se frustró los llamados a fiscalizar deben dedicarse a otras cosas y callar denuncias graves en el sector petrolero. El del campo Armadillo y de Texaco Chevron. En este último hubo dos dictámenes del Fiscal actual (marzo y septiembre del 2007), que liberó de culpa a funcionarios públicos y a representantes de la empresa y determinó que no hubo daños ambientales.

Por ello es mejor hablar de las distorsiones económicas que persisten y que generan problemas sociales graves por no tomar correctivos a tiempo. El caso de Grecia y su mal manejo, con excesos en el endeudamiento y el gasto público. Por eso las medidas duras de austeridad, el aumento de impuestos y los recortes salariales. En el caso del Ecuador los subsidios a los derivados del petróleo siguen siendo una carga, con pérdidas de USD miles de millones los últimos años en el gas de uso doméstico mientras piden más recursos. Como el tema es político y se cuidan de no perder respaldo popular, tampoco quieren abordarlo pese a que saben que es ineficiente y beneficia a quienes tienen más recursos. El Ejecutivo pensó al inicio incluir en una consulta popular la eliminación del subsidio generalizado (que favorece al 60% de la población que pertenece a los quintiles más ricos) y focalizarlo para beneficio de los que necesitan, pero no pasó nada.

Represar los problemas por cálculos políticos es grave porque a futuro el impacto cada vez será mayor. Ya pasó con el último régimen militar, que devolvió el poder en agosto del 79 y que represó el precio de la gasolina. El presidente Roldós se vio obligado en el 81 a subir el galón el 300%, de 4,65 a 15 sucres. El no enfrentar el problema mantiene la distorsión y hoy es mucho más barato prender una cocina de gas o bañarse con calefón que comprar un litro de leche o cualquier producto de primera necesidad.

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