Mauricio Pozo Crespo

Ajustes a la alianza

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Columnista invitado

El proyecto de ley que busca estimular la inversión en el país a través de alianzas público-privadas no es un intento nuevo. En el pasado, se buscó con reformas legales promover la inversión privada nacional y extranjera, pero el denominador común siempre fue el mismo: falta de sindéresis en la política económica del Gobierno.

Es decir, con una mano se movía en una dirección y con la otra caminaba en sentido contrario. Buscaban avanzar en un acuerdo con Europa mientras el Canciller de la época decía que los acuerdos comerciales eran una forma de neocolonialismo.

Dictaban leyes que pretendían promover la inversión privada y, de forma paralela, modificaban el sistema tributario. Se reunían con empresarios y a paso seguido proclamaban no reconocer tratados internacionales.

Ha existido demasiada agua que ha “corrido bajo el puente” durante estos casi nueve años y el sector empresarial se ha vuelto totalmente escéptico de estas invitaciones del Gobierno a participar como socio en determinados proyectos. Son excesivas las contradicciones oficiales entre lo que dice y lo que hace, entre lo que promete en materia económica a los empresarios y las leyes que promueve. Por todos estos antecedentes, este nueva ley corre el riesgo de quedar como otro intento fallido si no se la robustece con varios añadidos.

Es obvio que el Estado no puede quedarse sin la mayor fuente de ingresos que tiene, que son los impuestos, pero bajo ciertas condiciones las exenciones tributarias que establecería esta ley que está por aprobarse, deben incorporar otros proyectos e inversiones en curso. Así mismo, una traba significativa para la inversión privada interna y externa es el impuesto a la salida de divisas, como siempre se lo dijo y se lo advirtió. La inversión extranjera se hace presente y expande su presencia en el país si observa un escenario adecuado, si evidencia garantías, si ve estabilidad política y económica y, sobre todo, si percibe que hay reglas claras.

En esas circunstancias, su propensión a remitir utilidades al exterior es menor, pero por esas razones no por la presencia de impuestos a la salida de divisas. Si, en cambio, el inversionista observa un ambiente hostil con el empresario y además hay restricciones al libre flujo de capitales, como este impuesto a la salida de capitales, simplemente se aleja del país y no invierte.

Las salvaguardias a las importaciones no han dado los resultados esperados, como también se lo anticipó. La caída de importaciones de bienes de capital y de materias primas es mucho mayor que la de bienes de consumo y, el ahorro es apenas superior a los USD 300 millones. Es el momento de acompañar esta ley con el levantamiento de estas restricciones. Tampoco es creíble esta invitación si no entierran definitivamente las propuestas de las leyes de Plusvalía y de Herencias. Al menos estas tres medidas podrían evitar que no se dé otro intento fallido de inversión privada.