Arturo Moscoso Moreno

Agenda ciudadana

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Columnista invitado

Desde 2014 la Corporación Participación Ciudadana, junto a otras 39 organizaciones de la sociedad civil de los más diversos sectores, lleva impulsado un “Pacto Ético” (que nada tiene que ver con el que promueve el Presidente), con el fin de que los ciudadanos tengamos un rol más activo en la democracia y en la elaboración y aprobación de políticas públicas.

Dentro del diálogo y consenso se identificaron cuatro temas fundamentales que deben ser reforzados, mejorados e incluso restaurados en nuestro sistema político: 1) El fortalecimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y la Institucionalidad; 2) La Transparencia; 3) La Libertad de Asociación, Participación Política, Participación Ciudadana y Control Social a la Gestión del Estado; y, 4) Derechos Humanos y Derechos de Grupos de Atención prioritaria. Además, se consensuó la necesidad de modificar tres leyes que limitan el libre ejercicio de derechos: la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Comunicación y el Código de la Democracia y se elaboraron proyectos de reforma.

Al amparo de la legitimidad que le otorga su proceso de elaboración, este documento se está presentando a todos los candidatos, tanto a la presidencia como a la asamblea, a fin de que lo discutan, se adhieran, y de ser elegidos, las impulsen desde su cargo a fin de que se conviertan en políticas públicas. Con este objetivo se han efectuado algunos debates entre candidatos a asambleístas y se ha solicitado a El Comercio que se considere su contenido en el Diálogo Presidencial que organiza para el 5 de febrero.

Sin embargo, no es solo tarea de Participación Ciudadana y de las demás organizaciones que desarrollaron la Agenda lograr que sus propuestas se transformen en políticas públicas, es también responsabilidad de todos los ciudadanos que creemos en la democracia.

En estos 10 años hemos presenciado el continuo deterioro de la institucionalidad democrática en el país y del Estado de Derecho; la falta de transparencia y fiscalización, cuyos resultados los vemos ahora en los escándalos de Petroecuador y Odebrecht (y seguro vendrán más); el retroceso en los derechos de asociación, libertad de expresión, reproductivos o de las minorías, solo por nombrar algunos.

Así, nuestro deber es informarnos bien de los planes de trabajo de los candidatos a fin de que les demos nuestro voto a aquellos que se comprometan a reinstitucionalizar el país, a fortalecer la democracia, a respetar el Estado de Derecho, la división de poderes y los derechos humanos básicos.

A aquellos que nos aseguren fiscalizar y devolver la independencia a la justicia y a los organismos autónomos de control. En definitiva, a aquellos que hayan acogido como suya la Agenda Ciudadana. Solo así a rescataremos al país del profundo abismo en el que ha caído luego de una década de debilitamiento de la democracia y sus instituciones.