Miguel Rivadeneira

¿Adónde llevan al país?

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11 de July de 2011 00:02

Uno sabe cómo empiezan las cosas pero no cómo ni cuándo terminan. En el país la transición -que no concluye desde la creación de la República y el cambio de época resulta otro capítulo de esta inestabilidad- está llevando a un nuevo rumbo incierto en el ordenamiento jurídico, en medio del desinterés y la tolerancia social.

Es indudable que la administración de justicia sigue en crisis, que necesita cambios estructurales para agilizar los procesos, que termine la impunidad y la corrupción, que reivindique una correcta y oportuna actuación, que llene la expectativa ciudadana, que es la que más sufre, que funcione una auténtica rehabilitación social, más allá de las reiteradas declaratorias de emergencia carcelaria desde el 2007.

El caos (al parecer, organizado), el desconcierto, la arbitrariedad, los atropellos legales y constitucionales tienen nuevas facetas. Aunque se guarden las distancias, ayer fueron las tanquetas las que rodearon el Palacio de Justicia en el gobierno de Febres Cordero (84-88). La semana pasada fueron policías al tratar de controlar e impedir el ingreso al Consejo de la Judicatura, con la acción de un movimiento social identificado con el régimen y la disposición del Ministro del Interior.

Una nueva injerencia del Ejecutivo, contraria a las disposiciones de la Constitución de Montecristi e incluso antes de que se proclamen los resultados de la consulta popular. Con un presidente de la Judicatura suspendido tras ser destituido por un juez común, con desconocimiento de las normas constitucionales y legales y los dictámenes de la Corte Constitucional, que son vinculantes, y que llegó a amenazar que puede destituir hasta al Presidente de la República, cuando el art. 145 de la Carta Política establece solo 6 causales para cesar en sus funciones.

Resulta lamentable ver lo que sucede en el país y escuchar a voces autorizadas en materia jurídica (Julio César Trujillo), que incluso han colaborado en los comienzos de esta administración, que sostienen que hoy la arbitrariedad es la regla, que en medio de este proceso de transición judicial existen jueces acoquinados y temerosos del poder, que están obligados a pronunciarse a favor de las tesis oficiales e incluso con ello hacer méritos para promocionarse o por lo menos mantener los puestos.

Autoridades que visitan sin desparpajo a jueces, no necesariamente para hablar de deportes o de ocio, cuando de por medio están procesos judiciales a punto de dictarse sentencia. Más aún cuando el Código Orgánico de la Función Judicial, aprobado en este régimen, prohíbe expresamente a sus servidores a recibir o reunirse con una de las partes o con los abogados en torno a las causas que esté conociendo (art. 103). Si esto ocurre antes, qué pasará luego que se proclamen los resultados de la consulta popular.