24 de May de 2010 00:00

Adónde conduce la Asamblea

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Miguel Rivadeneira Vallejo

El ejemplo de este día, que recuerda la Batalla de Pichincha, debe servir para reflexionar sobre los temas pendientes. Las batallas inconclusas en medio de las promesas incumplidas y los anuncios políticos que han servido para mantener una buena base de electorado duro y a la espera de la amnesia general ciudadana con los desaciertos cometidos y la corrupción en la administración del poder.

Ahora que se acordaron en la Asamblea de hacer las consultas previas a las comunidades, aunque no sean previas sino al final del trámite del proyecto de ley. Consultas que no serán vinculantes, como señala la Constitución que aprobaron. La participación ciudadana se limita a escuchar, consultar pero no es obligación procesar sus planteamientos. Cierto es que no se puede aceptar todas las demandas. Primero debe estar el interés general y el bien común, pero eso era importante que lo digan a tiempo para que no les generen falsas expectativas.

Uno de los proyectos -Ley de Educación Superior- refleja claramente las contradicciones oficiales y como está planteado violaría la Constitución. El Ejecutivo y las autoridades de Senplades en reiteradas ocasiones cuestionaron el actual sistema.

El Presidente y los portavoces de Senplades hablaron de las universidades de garaje, de la estafa académica, de la baja calidad de enseñanza, de la proliferación de centros (71). Aprobaron el mandato 14 de Montecristi, que dispuso que el Conea y el Conesup realicen investigaciones, presenten informes sobre la situación académica y jurídica y el desempeño de los entes educativos. Se gastaron cientos de miles de dólares del Estado para realizar los trabajos, presentaron los informes y fueron al archivo.

Más allá de los errores en estos documentos, no se toman en cuenta con el argumento de que tampoco son de mandato obligatorio y finalmente una comisión de asambleístas resuelve el tema. Por eso se fue anticipadamente del Conea el delegado del Presidente, el científico Arturo Villavicencio. Más aún, se fue haciendo denuncias graves aunque ahora todo resbala; no se hace caso ni siquiera a quienes se han identificado con el proyecto político actual. Contra vocales de la comisión que tienen intereses y han estado vinculados a universidades cuestionadas del sistema que tanto han denostado (citó al asambleísta Xavier Tomalá).

El informe final para segundo debate tiene contradicciones. La disposición transitoria 17 prohíbe la creación de nuevas universidades pero a renglón seguido dice “salvo en las provincias que no exista universidades públicas”, lo que atentaría contra la Constitución (art. 354). Según Villavicencio, quieren crear universidades en la Amazonía (Napo), Cañar (del que es representante el presidente de la Comisión, Raúl Abad), Santo Domingo, Galápagos y dos particulares más.

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