3 de January de 2011 00:00

Acuerdo por la seguridad vial

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Por lo menos los muertos que dejaron los accidentes de tránsito el 2010 debieran condoler y sacudir a todas las autoridades y los conductores para que este 2011 se pueda lograr un acuerdo general a fin de garantizar la vida y la seguridad vial y que sea establecido como un objetivo de Estado.

Las macabras estadísticas oficiales de los accidentes de tránsito, que van de mal en peor, deben llamar al orden y para que se deje de actuar solo con los muertos de por medio en lugar de impulsar medidas de prevención a partir de la enseñanza en los establecimientos educativos de la seguridad vial, como establece la nueva Ley de Transporte Terrestre, vigente dos años y medio e incumplida en su mayor parte.

El 2010 cerró con más accidentes, muertos y heridos. El primer problema está en que más del 90% se origina en la mala conducta humana. Si el 2009, según datos del SIAT de la Policía, hubo 42 105 accidentes, 1 423 muertos y más de 4 mil heridos, el 2010 se superaron estas cifras. El saldo es aterrador: un promedio de 32 muertos y 269 heridos cada semana. Sin contar aún con el cierre del 2010 ya se registraban más de 1 575 muertos. Cómo es posible que se registren 731 000 infracciones que no han podido ni siquiera ser juzgadas y sancionadas.

El último accidente en Manabí colma la paciencia ciudadana en medio de la corrupción y la ineptitud de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre y su director ejecutivo que, de acuerdo con varios artículos de la ley, son los responsables principales de lo que está sucediendo y porque recién actúan con los muertos de por medio. Cómo es posible que no se hagan estrictos controles previos a buses viejos, con pésimo mantenimiento y en malas condiciones e incluso se cierran compañías pero después de los accidentes. Todas esas atribuciones tiene el director. Un chofer sin licencia y con otra adulterada. 82 pasajeros en un bus con capacidad para 44. Buses destartalados, que no cumplen las normas de seguridad.

La organización Justicia Vial ha venido denunciando documentadamente pactos de los choferes con el gobierno, la Comisión Nacional e incluso con bloques de la Asamblea. Así han logrado flexibilizar las exigencias (Decreto Ejecutivo 551, del 18 de noviembre pasado) y luego un acuerdo con legisladores oficialistas, no todos por cierto, para flexibilizar aún más las reformas a la ley, que están en la recta final de su trámite mientras el muy buen sistema vial ecuatoriano se tiñe de sangre.

¿Quién responde por los 37 muertos últimos en Manabí? ¿Qué pasó con la sistematización anunciada y la colocación de GPS en los buses? ¿Qué pasó con los planes y las auditorías viales y la entrega de licencias a través de escuelas de conducción con procesos judiciales de por medio? ¿Por qué no cierra el director de la Comisión?

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