Manuel Terán

Actividad privada

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5 de September de 2012 00:01

La Superintendencia de Compañías acaba de publicar el ranking de empresas del año 2011. De su revisión se confirman datos que permiten reflexionar sobre si el rumbo ha sido o no el adecuado. Habría que empezar señalando que el año anterior fue muy especial para el Ecuador. Los elevados precios del crudo permitieron un ingreso grande de divisas que se transformó en gasto estatal, lo que incide en el balance de las compañías. Dirán los especialistas que el sector petróleo no creció como otros pero no hay duda que el arrastre y la influencia del sector de los hidrocarburos pesa en las demás actividades. Se demanda más transporte, alimentos para los trabajadores, existe mayor contratación de mano de obra, aquello se traduce en gasto de las familias. En suma el petróleo es un dinamizador de la economía muy fuerte. Si a esto añadimos que el Estado ha percibido recursos que luego ha inyectado a la economía a través del gasto, ya sea de inversión o corriente, las empresas han tenido un mercado inusual comparado con épocas no tan favorables para las arcas fiscales.

El sector privado ha respondido. Los ingresos de las empresas han alcanzado un porcentaje cercano al 75% del PIB. Esas ventas, en su mayoría gravadas con el IVA, debieron haber significado algo más del 50% del total de la recaudación tributaria. Si a ello se agrega el Impuesto a la Renta ese porcentaje se eleva en un 10%. La participación de este sector ha sido fundamental en momentos en que no necesariamente ha habido estímulos para invertir. Las ganancias también han sido importantes y lo deseable sería que cada vez exista más reinversión. Sin embargo el modelo escogido impone límites. Se habla de que existe obra pública y se la reivindica como un logro de la actual administración. ¿Cuánto de aquella pudo estar en manos de la iniciativa privada si los recursos invertidos se destinaban a tareas esenciales como seguridad, educación, salud y justicia? El actual Gobierno tiene una visión diferente de la planteada en estas líneas pero cabe cuestionarse si la implementada por esta administración es sostenible en el tiempo cuando se reduzcan los ingresos extraordinarios de los que hemos disfrutado en los últimos cuatro años.

Se vuelve imperante crear las condiciones para que el país sea atractivo a la inversión. Los réditos que la actividad privada produce deben quedarse en el país y ello no se logra con prohibiciones o imposiciones. Se alcanza con un ambiente propicio en el que los dueños del capital, a sabiendas del marco legal, confían que se respetarán las normas vigentes y que no estarán sujetos a sobresaltos. La mejor manera de cohesionar a un grupo social es mediante la creación de empleo, pero para ello se vuelve indispensable contar con un sector productivo sostenible. Solo en esa forma una sociedad realiza verdadera justicia social con todos sus integrantes.