Si existe crisis económica en Ecuador, que sí existe, el Gobierno tiene doble responsabilidad, pero no es el único, ya que el sector privado tampoco ha sido ejemplo de prudencia durante la década que duró el reciente ‘boom’ petrolero en el país.
Desde inicios de año la economía nacional acusa el golpe por la menor inversión pública, que se ha ido deteriorando porque el precio del petróleo sigue bajo y no llega el financiamiento previsto por el Régimen.
El efecto directo lo vienen sintiendo las empresas privadas que hacen negocios con el Estado. Si ya estaban en problemas por la menor demanda de sus productos o servicios, ahora corren el riesgo de colapsar por el aumento de la morosidad estatal.
Aunque es común que el Régimen mantenga ciertos atrasos por la dinámica propia de la burocracia, USD 1 559 millones de deudas pendientes con proveedores es mucha plata, y ese monto explica en buena parte por qué muchas empresas se han quedado sin capital de trabajo para mantener la dinámica de sus negocios, lo cual está afectando a toda la cadena de empresas que trabajan con ellas.
La lista de proveedores del Régimen va desde grandes constructoras hasta personas que ofrecen servicios de capacitación, pasando por artesanos o multinacionales.
Y cada uno tiene detrás una red de proveedores que exige el pago de sus haberes y no lo consigue. Los recursos que dispone el Gobierno no alcanzan para tanta gente y muchos tendrán que esperar hasta el 2016 para ver si cobran las deudas pendientes.
Las empresas que siguieron el ejemplo del Gobierno y no ahorraron durante la bonanza petrolera sentirán en carne propia las consecuencias de la imprudencia o la falta de planificación.
Unas verán que los negocios se achican, pero que pueden seguir en el mercado porque contaban con reservas. Las que dependían del Estado pueden desaparecer porque se quedaron sin su único cliente. Si el Gobierno y las empresas hubiesen ahorrado el impacto sería menor, pero la crisis actual evidenciará que no lo hicieron.