Según el Diccionario de la Lengua Española, acosar es “3. Perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos”. El concepto de Acoso Mediático, puesto de moda por algún miembro de Alianza País, y que se lo quiere incorporar en el proyecto de Ley de Comunicación, es, según la Revista Quantum de este junio, “un término inventado por el Gobierno de Cuba para intentar descalificar las repetidas noticias sobre la muerte de los presos políticos cubanos o sus huelgas de hambre”.
Como es obvio, el acoso mediático ha tenido su desarrollo en países en los que las libertades ciudadanas no son respetadas, al contrario, se las combate hasta eliminarlas. Para Marina Parés ha servido “para identificar situaciones en que una persona o un grupo de personas ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica, aplicada de forma sistemática durante un tiempo sobre otra persona tendiente a provocar el desprestigio de la misma, utilizando para ello cualquier medio de comunicación de masas”. ¡Esto no es así! De incorporarse en nuestra legislación sería la justificación para silenciar a quienes buscan la noticia independiente para comunicarla.
Es tan sesgado el concepto de acoso mediático, que bajo esta figura impuesta en regímenes totalitarios, se intenta ocultar las conductas ilegales, y dejar de informar de posibles hechos cometidos, o por ser cometidos, por las autoridades. Algunos de los que respaldan el acoso mediático justifican su incorporación en las legislaciones porque, según ellos, “los medios de comunicación han perdido cualquier mínima vocación de servicio público”. Quienes apoyan la figura consideran que los medios privados difaman, manipulan la información y calumnian, es decir, son nefastos para el desarrollo. Pero sobre los medios en manos del Gobierno nada dicen, o sostienen que allí transmiten verdades incontrastables, provenientes del poder legalmente constituido.
De incorporarse el acoso mediático en la Ley de Comunicación, podría suceder que los medios críticos de personajes e instituciones públicas “aunque no hayan faltado a la verdad, podrían recibir una multa que les conduzca a la quiebra y a sus periodistas a la cárcel”. En cuanto a sanciones, se establece para periódicos, radios o canales de TV una multa de hasta el 20% de su facturación de los últimos 3 meses.
Como lo dijo el catedrático J. D. Restrepo en una entrevista publicada en EL COMERCIO, “el deber del periodismo es impedir que el poder (sea político, económico de cualquier matiz) engañe a la población”. Con el acoso mediático, el libertinaje de algunos gobiernos podrá quedar sin conocerse. ¡Viva el comunismo!