El juicio contra el Banco Pichincha se ha convertido, más que en otras ocasiones, en uno de los temas del debate político. A lo largo de los años, a pesar de comentarios realizados con evidente desconocimiento y con total desinformación, he preferido mantener un prudente silencio. No obstante, transformado hoy en tema público y de discusión general, hay afirmaciones y distorsiones inaceptables, quizás como resultado de una pretendida manipulación, que no puedo dejar de acotar. Es necesario defender la verdad. He leído, por ejemplo, las declaraciones de Rafael Correa, el demandante, en contestación a uno de los candidatos presidenciales: lo que ha dicho, sin fundamentos, es impreciso e incuestionablemente falso.
“Sepan ustedes -ha afirmado irreflexivamente y muy suelto de huesos- que fue el Banco Pichincha el que me puso el juicio a mí. ¡Revisen!” “El juicio lo puso el Banco del Pichincha, ¡a mí! Me lo pusieron a mí por 160 dólares…”, ha insistido casi al borde de la indignación. Es absolutamente falso. Lo digo sin rodeos. Si usted, lector, revisara el proceso como pide nuestro ínclito mandatario, encontraría la verdad: Rafael Correa Delgado, en enero de 2007, cuando ya era presidente elector y pocos días antes de asumir el cargo, presentó contra el Banco Pichincha una demanda por supuesto daño moral, reclamando el pago de una indemnización de cinco millones de dólares. Ni un centavo más ni un centavo menos.
La imaginativa narración ha continuado: “Les gané el juicio, ¡y de ahí viene un juicio ejecutivo!, que básicamente es un trámite… Y en el juicio ejecutivo se me asigna una indemnización de 600 mil dólares”. La confusión es evidente e insostenible. ¿De qué juicio ejecutivo ha hablado? ¿Significa que, según él, hubo dos juicios? ¡Revise, señor, y no atente contra la verdad! Soslayando la novedosa, sabia y honda definición del juicio ejecutivo como “básicamente un trámite”, señalaré, para información de quienes no son abogados, que la acción por daño moral se tramita en juicio ordinario. No ejecutivo. Es irresponsable tratar públicamente un tema -que además fue privado- con este nivel de desconocimiento e improvisación.
El final de esas esclarecedoras declaraciones es revelador. Ha informado que parte de la indemnización, “lo que quedó en el país, lo usé para pagar lo que debía del crédito que saqué para pagar mi casa”. ¿Cómo obtuvo ese crédito? Pagando la deuda al Banco Pichincha, que nuestra independiente y ejemplar administración de justicia, con la historia de una secretaria fantasma de por medio, declaró después que no había existido. En resumen: pagó la deuda, reconociéndola, para tramitar la concesión del crédito, y luego, canceló ese crédito con una parte de la indemnización que le concedieron graciosamente porque la deuda pagada no había existido. ¿Entiende usted, lector? Y ha mucho más. Muchísimo más. No lo dude.