Pablo Ortiz García

Un capricho costoso

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Positiva la reacción de los médicos ante la expedición del Decreto 703, por el cual se crea un nuevo organismo de persecución y control al sector privado: la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

Partamos de una premisa: el Presidente de la República considera que él y su grupúsculo de usufructuarios del poder actúan de buena fe, el resto de ecuatorianos lo hacemos de mala fe, y por ello nos considera amantes del engaño en perjuicio del Estado.

¿Qué atribuciones tendrá esta novísima agencia? Pues todas aquellas para silenciar, acabar y maltratar a los médicos y a los centros en los que en la mayoría de galenos atienden sacrificadamente. Controlará los servicios de las empresas de salud y medicina prepagada. Controlará toda la publicidad y promoción de los servicios de medicina. Suspenderá los permisos de funcionamiento de hospitales, clínicas y dispensarios médicos. Tramitará las denuncias, quejas y reclamos contra los centros de salud. Emitirá informes para la aplicación de sanciones a los centros de atención médica. En pocas palabras: un nuevo mecanismo de persecución.

El Diccionario de la Real Academia define a la palabra agencia, acepción 5, como “Organización administrativa especializada a la que se le confía la gestión de un servicio”. Esta es una manera que el actual Gobierno ha encontrado para que sumisos amanuenses hagan lo que el patrón dispone, ya que las agencias son parte del Ejecutivo. Es una forma de ejercer poder y crear dificultades al sector productivo del país, para luego vender facilidades.

Distinta cosa sería si se crearan superintendencias, las mismas que, viviendo en un sistema democrático, no son parte del Ejecutivo, y por tanto independientes en su accionar.

La existencia de las superintendencias está prevista en un librito maltratado y no entendido por sus autores, llamado Constitución. En el artículo 213 dispone que estas son “organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas”.

Si el mecanismo existe (superintendencias), que se financia con las contribuciones que las empresas controladas por estas instituciones pagan anualmente, las agencias, por tanto, son capricho del gobernante.

Un dato adicional sobre las superintendencias: tienen un superávit en su presupuesto que lo entregan al Fisco. Es decir, un negocio redondo para el Estado. Sale hasta con recursos para que se gaste en lo que al economista Correa le gusta: la promoción de su imagen.

Entonces, ¿para qué insistir con agencias que están a cargo de las arcas fiscales? La respuesta es obvia: hay que demostrar poder para silenciar todo lo que no le guste al Poder Ejecutivo.