Cinco ganadores del premio Nobel de Economía, entre otros expertos, consideran que la guerra a las drogas es un gran fracaso, una enorme carga financiera y una violación de los derechos humanos básicos, en un informe que será publicado este miércoles 7 por la London School of Economics (LSE).
“La puesta en marcha de una estrategia mundial de ‘guerra a las drogas’ militarizada y de observancia legal produjo enormes consecuencias negativas y daños colaterales”, concluye el grupo de expertos de la LSE que redactó el informe sobre la economía de las políticas antidrogas.
Este grupo está integrado por 13 académicos, respaldados por siete personalidades, entre ellas cinco economistas ganadores del premio Nobel, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz, y el actual viceprimer ministro de Gran Bretaña, Nick Clegg.
Durante años, la oposición a la prohibición de las drogas se asoció a sectores marginados, como los mismos usuarios o los familiares de condenados por la posesión de cantidades mínimas de sustancias ilegales.
Ahora los economistas, las más improbables víctimas de la guerra a las drogas, pero actores vitales para su desarme, realizan su aporte. “El informe de la LSE articula en muchos sentidos lo que se ha dicho antes, que estamos desperdiciando enormes recursos financieros y humanos en el nombre de un modelo fallido”, declaró Kasia Malinowska Sempruch, directora del Programa Mundial de Políticas sobre Drogas de Open Society Foundations.
La organización Open Society Foundations, del magnate, inversor y filántropo George Soros, busca promover la adopción de políticas públicas que respeten la democracia y el respeto por los derechos humanos. “La cuestión de la economía” de las políticas antidrogas “nunca se ha calibrado con la fuerza que se hace hoy”, dijo Malinowska a IPS.
Cada vez más países están expresando su descontento con las políticas prohibicionistas que les impusieron potencias como Estados Unidos, hasta ahora el mayor mercado de drogas ilegales. En 2012 un comunicado de los jefes de Estado de Colombia, México y Guatemala solicitó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, la revisión “urgente” de las políticas antidrogas.
El año pasado, la Organización de los Estados Americanos publicó un informe que exhortaba a flexibilizar esas políticas y a tomar en cuenta la posibilidad de su despenalización.
En la Asamblea General de la ONU de 2013, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, calificó de “visionaria” la legalización de la producción y consumo de marihuana que adoptó Uruguay.
En diciembre de 2013 se filtró un documento interno que contenía recomendaciones de los Estados miembros de la ONU.
El informe de la LSE sostiene que las medidas de interdicción no logran ni siquiera sus objetivos más elementales.