Ecuador ha sido una República desde 1830, al menos nominalmente. Lo de ser República, más allá de las consideraciones históricas, implica varias cosas que pueden sonar muy aburridas, pero que son muy importantes. De la existencia práctica de la República depende que podamos defender efectivamente nuestros derechos, nada menos y nada más.
La idea de la República, por ejemplo, está atada a la alternabilidad en el poder. Como el concepto de lo republicano va unido al de la administración sensata de lo que es común (el dinero público, las relaciones con otros países, la educación, la infraestructura…) quien maneje esos asuntos públicos debe ser necesariamente temporal y responsable de sus actos. Lo contrario, es decir, la perpetuación del poder y el ejercicio del poder sin límites, equivalen a cualquier otra cosa excepto a una República. Pónganle ustedes nombre: un Régimen autoritario, un sistema basado en la fuerza o en el control. En fin, bautícenlo ustedes.
Esta fórmula, generalmente aceptada, es la esencia de la República. Los venecianos, que en buena parte gracias a esta idea llegaron a ser una de las más importantes potencias políticas, marítimas, comerciales y culturales de todos los tiempos, la entendieron a la perfección y la aplicaron por siglos. En Venecia se mantuvo vigente un sistema por el cual el poder siempre tenía alterabilidad y vigilancia. Los venecianos, sabiamente, se aseguraron de que las facultades políticas y económicas del Dux (el jefe de Estado) siempre estuvieran controladas y limitadas por el Consejo Mayor y por el Senado. Las otras formas de organizar un Estado, por el contrario, se suelen caracterizar por la continuidad en el poder: en las monarquías, como ustedes saben, y en particular en el antiguo Régimen, el poder se inmortalizaba de padres a hijos y los monarcas no solamente eran titulares de la soberanía, sino que no respondían ante la población. De esas épocas vienen adagios como ‘lo que quiere el rey lo quiere la ley’, o ‘a rey muerto, rey puesto’.
Creo que el debate se centra en lo siguiente: ¿qué pasa si la propia ciudadanía aprueba mayoritariamente la reelección indefinida por referéndum? En ese caso, probablemente, la propia ciudadanía se estaría dando a sí misma un Régimen despótico. No todo lo popular es legítimo. Y no todo lo que se barniza en elecciones es legítimo. Así, también a modo de ejemplo, la ciudadanía podría aprobar en un proceso electoral reinstaurar la pena de muerte o restablecer la esclavitud. ¿Se puede alegar que porque la mitad más uno votó a favor todo es legítimo? Creo que no. Aprobar la reelección indefinida -aunque las votaciones a favor sean abrumadoramente mayoritarias- equivaldría a la abolición de la República (a la supresión de su elemento más importante: la alternabilidad y la responsabilidad del poder) y, en la práctica, a la privatización de lo público.