El Gobierno se ha concentrado, principalmente, en construir obras públicas y en impulsar la expedición de leyes. Casi se podría afirmar que, para el Régimen, cualquier problema del país se resuelve con una nueva obra o una nueva ley. Si bien estos esfuerzos pueden ser necesarios para derribar algunas trabas, no son suficientes.
El aporte indiscutido del Gobierno es la obra pública. Impresionantes escuelas, hospitales, puentes y vías hasta elevan la autoestima. Pero las escuelas del milenio no se traducen mágicamente en mejor educación; los nuevos hospitales no transforman solos la calidad de los servicios de salud; los flamantes juzgados no garantizan imparcialidad y probidad en la administración de justicia; y el gran aeropuerto de Santa Rosa no crea, de por sí, más tránsito de personas y comercio desde y hacia la provincia de El Oro. Eso sí, qué bien se ven estas obras.
Y si de quedar bien se trata, pocos medios son más eficaces que la expedición de leyes. ¿Necesitamos atraer más inversión? Que se expida un Código de la Producción. ¿Tenemos demasiados accidentes de tránsito? Que se endurezcan las normas. ¿Requerimos de más recursos para la educación? Que la Constitución disponga que el Estado gaste mínimo el 6% del PIB en educación básica y bachillerato. Los encargados de legislar, que no quepa duda, hicieron lo suyo.
Más que lo que diga la ley, el problema en este país es que se la cumpla. Basta ver cuántos conductores se pasan diariamente los semáforos en rojo o circulan a más de 60 km/h en la ciudad, impunemente. Basta revisar la proporción del PIB que el Estado destina a la educación primaria y secundaria.
El problema también es creer que la ley solita desarma los enredos que hemos creado. Basta confirmar el misérrimo impacto que el Código de la Producción ha tenido en la generación de nuevas inversiones.
Es paradójico que en un país en el que abiertamente se incumplen todo tipo de normas -las de las licencias para las copias de música, las de la construcción en las zonas urbanas, las del uso de fuegos artificiales, las de la presentación de la calificación de riesgo de las entidades bancarias y hasta las constitucionales- se siga creyendo que la solución a nuestros problemas está en la aprobación de más leyes. El reto es darnos cuenta de que la inseguridad no se eliminará con un nuevo Código Penal y que la comunicación no mejorará con una ley sobre la materia.
De hecho, un exceso de normas produce el efecto contrario al deseado: más inseguridad para los ciudadanos. Como varias leyes de moda salen exageradamente restrictivas, comúnmente no se las cumplen. Pero la ley, aunque no se aplique, existe, lo que vuelve a los ciudadanos más vulnerables a la voluntad de la autoridad.
El Presidente sería un estupendo ministro de Obras Públicas y es un hábil promotor de nuevas leyes, pero gobernar es mucho más que eso.