17 de January de 2011 00:00

¿30 millones?

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¿Para qué gastar 30 millones de dólares en una consulta de Gobierno para cambiar la Función Judicial? Con los instrumentos que posee, el control puede hacerlo con las normas de la Constitución y la “cooperación” de las instituciones que obedecen la voluntad oficial.

La Constitución de Montecristi dispone: Función de Transparencia y Control Social- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (En pocas letras, CPCCS). A ese Consejo se lo conoce como Quinto Poder y en el Art.207 le asigna la facultad de escoger –entre muchas entidades del Estado- al Consejo de la Judicatura. Al Consejo de la Judicatura, a su vez, le corresponde, según el Art.101, “Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial”. En otras palabras, a los Ministros de la ex Corte Suprema, de Cortes Provinciales, Tribunales de Garantías Penales; jueces, secretarios, auxiliares; registradores de la propiedad, registradores mercantiles, notarios, etc, etc. Esta selección debe hacerlo “previo proceso de evaluación y selección” (Art.24, Régimen de Transición).

¿Cabe confiar, a ojos cerrados, en la imparcialidad de la selección y de la evaluación? Desde que, en tiempo anterior, negaron el éxito al triunfador absoluto en concurso, Dr. Jorge Andrade Lara, porque no había incluido en la documentación copia de la cédula de identidad, la duda subsiste.

¿Acaso no tendrán preferencia en la selección los afiliados o los recomendados por el Gobierno? ¿Se justifica la duda si estamos viendo que, en la designación hecha por el Quinto Poder a la Superintendente de Compañías, la señora Presidenta votó a favor luego de una misteriosa llamada telefónica previa a la votación?

Ahora se pretende nombrar una Comisión de tres reyes magos para que cumplan la renovación judicial, advertido que uno es del Ejecutivo; otro, de la Asamblea Nacional (cuya mayoría obedece al Ejecutivo); y un tercero, de la propia Función Judicial. ¿Quién lo nominará?

Que hay falencias en la administración de justicia es real; y sobre ellas desde hace tiempo se ha orquestado propaganda para pintar a los jueces como vagos y corruptos. Si preguntan, en consulta, que hay que eliminarlos, los ciudadanos votarán elevando los dos brazos. Y todo ante el silencio de la otrora Exma. Corte Suprema, cuyo Presidente saliente apenas se limitó a balbucear que se debe respetar la autonomía de la Función. Los órganos de empleados de la justicia, desde que eliminaron al dirigente Luis Muñoz Pasquel, también mantienen “prudente silencio,” igual que los Colegios de Abogados.

Lo de las corridas de toros, tal parece ser solo una cortina de humo para controlar la libertad de expresión, que es de todos.

¿Por qué no ahorrar 30 millones de dólares para dar medicina a los pobres que acuden a los hospitales públicos?

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