César Montúfar

Los 21 de El Arbolito

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Sus nombres quedarán grabados en las páginas de dignidad de la historia democrática del Ecuador y de Quito. Sus nombres sencillos y grandes de gente del pueblo.

Porque así como ellos estuvieron presos bajo una acusación falsa, pudo estar en su lugar cualquier ciudadano o ciudadana, cualquier persona trabajadora, honesta y normal, como somos todos, con sangre en la cara, indignación en el rostro y la mente libre.

El poder quiso invisibilizarlos; hacerlos pasar por anónimos perpetradores del delito de protestar. Y como no pudo argumentar nada, como no tuvo una sola prueba que los incriminara, se inventó que ellos eran los agresores del Estado; los violentos que pegaron a policías y caballos aunque en la audiencia vergonzosa que los juzgó ninguno de los policías “agredidos” pudo señalarlos individualmente.

Por eso, los 21 de El Arbolito fueron sentenciados en grupo, echando al tacho de basura el debido proceso que obliga a presentar pruebas incriminatorias individuales. Y les impuso 15 días de prisión; 15 días de castigo recurriendo a la crueldad de tomar vidas humanas y familias enteras para, usando la justicia, avalar sus “verdades” o, mejor dicho, sus eslóganes de propaganda.

De ahí, los 21 de El Arbolito; los 20 hombres y una mujer libres que sufrieron 15 días de cárcel por la libertad y la democracia del Ecuador. 
Con los presos y perseguidos políticos que hay en el Ecuador se prueba la lógica inhumana con que mueve la justicia la casta política que nos gobierna.

Y esa lógica usa dos recursos. Primero, la conversión de sus tesis políticas y propagandísticas en sentencias judiciales. Y segundo, la presentación del Estado como víctima de los ciudadanos. 


Sobre el primero, desde el 30S el Gobierno sentó un patrón perverso de judicialización de la política que se basa en transformar cualquier forma de disenso en una violación a la ley que, además, es utilizada como parte de su discurso.

Por ejemplo: el 30S, el Presidente manejó la tesis del secuestro, magnicidio y golpe de Estado y, consecuentemente, el sistema de justicia procesó a personas por esos delitos, los sentenció y transformó en ‘verdadera’ la tesis del oficialismo. Lo mismo ocurrió con los jóvenes del Central Técnico, los 10 de Luluncoto, los procesados en el caso de EcuadorTV.

El segundo recurso es más nuevo y fue inaugurado el pasado 3 de diciembre. En ocasión de las manifestaciones en contra de las enmiendas se puso en ejercicio un nuevo libreto que pone patas arriba la doctrina de los derechos humanos.

El Gobierno exhibió fotos y videos con manifestantes violentos, que curiosamente jamás fueron detenidos y entre los que no están los 21 de El Arbolito, con el objetivo de criminalizar el conjunto de la protesta social y colocar al Estado como víctima de los ciudadanos.

Ya no es el Estado y su poder coercitivo una amenaza a los derechos ciudadanos, sino al revés; son los ciudadanos una amenaza contra el Estado. 
Los 21 de El Arbolito ya están libres.

En verdad, siempre estuvieron libres; su conciencia nunca estuvo encarcelada. El que está preso es el poder; un poder atrapado en sus mentiras.