Alfredo Negrete

100 no son suficientes

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6 de June de 2013 00:02

S e desconoce que algunas veces, por causas políticas o de otra índole, 100 voluntades uniformadas en el Parlamento, por disciplinadas o coaccionadas por el poder que sean, no son suficientes para aprobar leyes fundamentales a la carta o a la medida. Esto significa que la decisión en la copada legislatura no es automática, pues existen variables externas que inciden y algunas veces condicionan la voluntad del poder que debe recurrir a la cautela para evitar enredos legales o constitucionales posteriores, que contrariarían los objetivos iniciales supuestamente concebido por el bien común de la sociedad. Por tanto, estas observaciones fuera del Parlamento deben ser estudiadas y a lo mejor asimilarlas.

Los obstáculos externos a la voluntad aplanadora de la mayoría de los 100 existen respecto al debate de las reformas a la Ley de Minería y en el proyecto de la Ley de Medios. En el primer caso se produce un evidente choque entre las comunidades indígenas que exigen una consulta previa y el tiempo que corre para aprobar las reformas mineras que, como en el pasado "partidocrático", fueron enviadas por la vía del proyecto urgente que casi nunca se justifica en una necesidad económica, sino por una premura política o estratégica. La resistencia indígena y la presión de organismos ecológicos no son parte de los 100, pero allí están.

En la situación de la Ley de Comunicación también existen dificultades que pudieron ser superadas por los legisladores de la anterior Asamblea si cumplían con el Acuerdo Ético y Político, lograban un consenso y aprobaban el proyecto. No lo hicieron y por el contrario dejaron un sui generéis caso jurídico que ojalá, por respeto a la nación, no ingrese al registro de Ripley. La nueva legislatura -es nueva pues fue elegida como tal y para un nuevo periodo- tiene en su agenda inmediata aprobar un proyecto que ha sido debatido y no votado por la anterior legislatura. Ahora se pretende que los legisladores recién llegados, como los monitos ciegos, sordos y mudos, voten y la aprueben, sin debatirlo. A este intríngulis jurídico deben agregarse, si se aspira a celebrar a un acuerdo con la Unión Europea, la incorporación de la nominada "Cláusula Democrática". Ellos reconocen un poder elegido por el pueblo, pero en materia de libertad de expresión no tolerarán un régimen jurídico de responsabilidades ulteriores aplicado por un Consejo de Regulación del Ejecutivo. Se adiciona al escenario y como agravante, la posibilidad de que el oficialismo sustituya ese Consejo por una Superintendencia de Comunicación elegido por el Consejo de Participación en base a ternas directas de la Presidencia y con las amplísimas facultades que establece la Constitución; justificables en las áreas bancarias o societarias, pero inconcebibles en comunicación.

Los dolores de los 100 no serán de cabeza sino parecidos a los del parto: reformas mineras, ley de control de medios, cláusula democrática y resistencia social.