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Redacciones Judicial y Guayaquil, 10/11/2006

Los presos que pretenden   ser beneficiados con la derogatoria de la detención en firme mantienen una huelga pacífica. Ayer, en la mañana, en el patio del ex penal García Moreno de Quito, 120 detenidos llevaban banderas blancas y aseguraban que no probarán alimento, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva su caso.
 
Hace dos semanas, el organismo declaró la inconstitucionalidad de la detención en firme. El criterio de los vocales se respaldó en la norma de la Carta Magna  que señala que ninguna persona podrá permanecer detenida sin sentencia por más de un año.
 
Esto causó  una fuerte polémica. Por una parte, los vocales del Tribunal explicaron que la medida no favorecía a los actuales detenidos. Mientras que los reclusos pedía su vigencia para todos.
 
Luego de no encontrar una respuesta, los reclusos de las prisiones  Uno, Dos y Tres  de la capital comenzaron la medida de hecho.  Un funcionario de la Secretaría del  ex Penal, manifestó  los reos implicados en esa medida realizan desde el domingo  una protesta  pacífica, la cual  consiste en no acudir  a  las diligencias judiciales y realizar  una huelga de hambre.

La protesta es indefinida, aunque dos de los internos que participan en el reclamo  tuvieron que ser llevados a  casas de salud por problemas estomacales y de úlcera, informó Lincoln Pólit, coordinador de los  reclusos   de la Sierra.

El representante de los presos  sostuvo que se deben respetar las leyes nacionales e internacionales que señalan  que  cuando una medida favorece al detenido  tiene un carácter general. Esta declaración la realizó a propósito de la versión del presidente del Tribunal Constitucional, Santiago Velázquez, quien dijo que  la derogatoria de la detención en firme, no implica su retroactividad.

El ejemplo las prisiones de la capital se repitió en varias ciudades. Ricardo Arteaga, director  nacional de prisiones, informó que en seis prisiones  se presentaron protestas. Entre ellas, en Tulcán, Quevedo y en Guayaquil, donde se encuentra el centro de detención más grande del Ecuador.
 
En Guayaquil, los internos de los centros penitenciarios de hombres y mujeres  también  exigieron que se ponga en práctica la derogatoria de la detención en firme, que fue dispuesta por el Tribunal Constitucional.

En la protesta participan  más de 5 500 reos de la cárcel de varones y más de 400 internas de la prisión de mujeres. Ellos  se declararon en rebeldía jurídica hasta que la Corte de Guayaquil decida poner en práctica la derogatoria de la prisión en firme y liberar a quienes tengan más de un año detenidos sin fórmula de juicio.

Según el jefe de la Unidad de Vigilancia de Policía de Pascuales, coronel Gonzalo Suasnavas, la medida no ha traído inconvenientes en el interior de ambos centros carcelarios. Sin embargo, no descartó que se vaya a reforzar las seguridades en los exteriores, cuyo control está a cargo de la Policía.

El coordinador nacional de prisioneros del Ecuador, Byron Briones, explicó que los internos de ambas cárceles no acudirán a las audiencias  dispuestas en la Corte de Justicia,  hasta que se disponga acatar la eliminación de la norma de la detención en firme.

Hasta el momento, no se conoce con certeza cuántos reclusos pueden beneficiarse con el fallo del Tribunal. Un estudio que realizó, la semana pasada,  el Consejo Nacional de Judicatura señaló  que la cifra llegaría a 2 448 detenidos.
 
La Dirección Nacional de Rehabilitación Social no concuerda con esa cifra. Arteaga explicó que sin contar con las personas detenidas en Guayaquil y Santo Domingo de los Colorados, la derogatoria beneficiará a 300 internos.

“Hoy se tendrá el informe completo a nivel nacional, pero no llegará  a la cifra que maneja el Consejo Nacional de la Judicatura”.
 
Mientras tanto, la seguridad en los centros de reclusión se reforzó, aunque no han ocurrido desmanes en ninguna de las seis  prisiones. Según Arteaga, se coordinó con la Policía el aumento de la vigilancia en el exterior. Y en Quito, incluso pueden participar los miembros de las FF.AA.
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