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Durante el primer semestre de este año, la Superintendencia de Compañías (SC) disolvió 993 empresas, por no actualizar sus direcciones, 324 más que en el mismo período del 2012. Estas firmas están en proceso de liquidación. Para representantes del sector empresarial, estos controles son positivos para evitar ilegalidades.

La Ley Societaria establece la obligación de que las empresas actualicen sus domicilios, de lo contrario son disueltas.

En el país existen 71 580 firmas activas, según datos de la SC. En el último trimestre del 2012 la entidad hizo una campaña para que las empresas actualicen sus datos. Y 50 000 lo hicieron.

El resto de compañías que no cumplió recibió una multa, que consiste en el registro de un certificado de incumplimiento de sus obligaciones.

Para Mario Cuvi, presidente de la Comisión Sectorial de Couriers de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), estas actividades de control son necesarias, ya que evitan el lavado de activos y que proliferen las empresas falsas.

Aunque, dice, no está de acuerdo en la forma en cómo se hacen las verificaciones. "El proceso debería ser tecnificado, cruzar información entre las instituciones gubernamentales", indica Cuvi, para evitar que las firmas irregulares proporcionen datos falsos.

Por esto, aún hay empresas que constan como participantes del mercado, como Multisun.

Esta es una firma que supuestamente se dedica a actividades de construcción de obras civiles. La empresa registra su domicilio en las calles Francisco Segura 1125 y 20, en Guayaquil, pero allí hay una casa de dos pisos. Igual ocurre al acudir a la dirección registrada por Dalcemport, que se dedica a la venta de maquinaria agrícola. En las calles Pedro Moncayo 1718 y Alcedo, donde registra funcionar, hay una vivienda. Un propietario de ferretería, que funciona en la zona, dice que jamás ha escuchado de esa empresa.

Entre los requisitos que la SC solicitó al sector empresarial para actualizar los datos fueron la declaración juramentada del representante legal, dirección de la compañía y planillas de servicios básicos.

Cuvi comenta que, para los controles, también se debe tener en cuenta la cantidad de empleados, la productividad y el desenvolvimiento de la empresa en el mercado, actividades que significan más que documentos.

Pero las empresas no pueden ser inspeccionadas de oficio sin que medie una denuncia, de acuerdo a la Ley Societaria y su reglamento, indica la SC, a través de un cuestionario enviado por este diario.

Por esto, en el primer semestre de este año, el organismo de control inspeccionó a 23 compañías, por denuncias que llegaron a la institución. El año pasado, en el mismo período fueron 14.

Los domicilios de las empresas no solo constan en la SC, también se deben registrar en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Allí algunas están activas, pese a que ya desaparecieron, como en el caso de Ecuvenzu. Esta compañía no funciona hace dos años. La firma operó en las calles Pedro Carbo 911 y 10 de Agosto, en el Paseo del Parque (centro).

La información que tiene el SRI no es contrastada ni verificada con los datos de la SC. Según la entidad tributaria, "en la Superintendencia de Compañías se registra la dirección del domicilio del representante legal y no del establecimiento donde la sociedad realizará la actividad económica".

Rafael Corras, expresidente de la Asociación de Industriales de Licores del Ecuador, señala que la intervención de la SC es específica. Los controles se realizan con base en los estados financieros, lo que no causa inconvenientes.

Para Corras, la intervención que la entidad hace no es molestoso, ya que transparenta sus actividades.

La SC dijo que está elaborando una matriz de riesgo con datos financieros de las compañías controladas, para establecer qué sectores y empresas requieren control.

Punto de vista

Vincent Durin, Cámara de Comercio de Guayaquil

'Es obligación de las empresas reportar información' No existe obligatoriedad legal de las entidades del sector público para controlar de oficio las direcciones de las empresas en el país, solo lo hacen en caso de denuncia o algún control de rutina o dirigido para llamar la atención a algún tipo de actividad.

Sin embargo, los organismos de control no pueden disponer de recursos de manera ilimitada para llevar a cabo controles. En todo caso, es obligación de las empresas reportar la dirección donde mantienen sus sedes o actividad productiva a la Superintendencia de Compañías. En el caso tributario, es obligación del contribuyente actualizar su RUC cada vez que haya un cambio de dirección.

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