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A las 07:30 de ayer, las puertas del Ministerio de Salud ya estaban abiertas y poco a poco llegaban los empleados. Algunos esperaban en las gradas y conversaban sobre la posibilidad de que les compren la renuncia obligatoria.

Para Alberto Narváez, quien labora allí y es presidente del Colegio Médico de Pichincha, “el despido más serio es el de los jefes de servicio de hospitales, especialistas, dirigentes y sindicales. Han dedicado toda su vida a la salud”.

De la misma forma que el pasado viernes los notificadores del Ministerio de Relaciones Laborales llegaron con la Policía para aplicar el Decreto Ejecutivo 813, que establece la compra de renuncias forzosas y el pago de la respectiva indemnización.

Esa fue la situación que se vivió en las dependencias ubicadas en el edificio del MAG, en el que funcionan los ministerios de Industrias, Agricultura, Secretaría del Agua, etc. Cinco policías llegaron a la 08:00. Ingresaron al vestíbulo, pero luego se apostaron en la explanada del edificio.

En ese mismo lugar se encontraban tres trabajadores públicos. Ellos, quienes prefirieron la reserva, dijeron sentirse preocupados porque sabían que ese día notificarían en las diferentes instituciones que operan en la edificación.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, en entrevista en Gamatv, aseguró que entre el viernes y ayer 2 700 personas fueron desvinculadas de la burocracia estatal. “En este año saldrían unas 4 700 personas (1 000 de ellas por jubilación, aproximadamente). Unos puestos no serán llenados y otros sí se tendrán que ocupar. Estamos en un proceso de reestructuración”.

En esa entrevista, Espinosa explicó que la razón de la salida de los empleados únicamente obedece a la aplicación del Decreto, pero no determinó si hubo un proceso técnico de selección.

Tampoco aclaró qué personas despedidas están vinculadas con actos de corrupción, tal y como lo dijo el pasado domingo la ministra de la Política, Doris Soliz.

Este comentario molestó a los representantes de las organizaciones sindicales del país, quienes señalaron que se deben presentar las pruebas. Se comprometieron a participar en las protestas. Precisamente para el jueves 10 de noviembre está prevista una marcha en la que participarán trabajadores públicos de varias entidades. Mientras que mañana, a las 10:30, la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea tratará el tema.

Empleados -como María P.- esperan que estas acciones ayuden a los que ya fueron despedidos y que garanticen la estabilidad de quienes aún están en sus cargos.

Asimismo, en otras entidades en las que aún no hubo desvinculación, como en la Universidad Central, también hay incertidumbre por lo que pueda pasar.

Catalina Aulestia, presidenta de la Federación de Empleados de esa entidad, dijo que hoy en Consejo Universitario presentará una moción para que se respete la estabilidad de los empleados.

Solo indican que sienten temor por lo que puede pasar, ya que muchos tienen deudas y no quieren usar el total de su indemnización en el pago de estas.

El temor que ella siente es el mismo que el de empleados del Ministerio de Relaciones Laborales, quienes prefirieron no hablar sobre el tema. El hermetismo es tal allí, que la mañana de ayer no hubo información.

“No hay renuncia obligatoria, las renuncias son voluntarias”. Esta era una frase recurrente entre los profesionales de la salud que discuten la manera de rever la decisión gubernamental. Anoche se reunieron en la sede de la Federación de Enfermeras.

Juan Pasquel, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, dijo que insistirán al Tribunal Constitucional para que derogue el Decreto Ejecutivo 813. Responsabilizó al Ministerio de Salud y al Gobierno por los problemas de atención y mortalidad que se generen en estos días en los hospitales. Alberto Narváez, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, habló de llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Es inadmisible que se despida a los médicos docentes y a los que tienen experiencia. Se requiere por lo menos unas 10 000 horas de prácticas para acreditar competencia en medicina...”.

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