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Los patronos que no hayan afiliado a sus empleados en los tres últimos años podrán hacerlo sin multas o sanciones en los próximos seis meses. Esto, si se aprueba la Ley de Defensa de los Derechos Laborales con los cambios hechos por el Ejecutivo, que vetó parcialmente lo aprobado por la Asamblea hace menos de un mes.

El pasado martes, la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional conoció las cinco observaciones hechas por el Ejecutivo a la Ley, enviadas el pasado 24 de agosto. No se logró consenso sobre el texto y por ende la objeción parcial deberá ser tratada en el Pleno, una vez que el presidente Fernando Cordero convoque a sesión (se prevé que sea el próximo jueves).

Entre las observaciones está el tema de las afiliaciones tardías de empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El texto que aprobó la Asamblea establecía que los patronos que no hubiesen afiliado a sus empleados, sin límite de tiempo, podrán hacerlo sin sanciones. Solo tendrán que pagar por los años de aseguramiento, más los intereses.

Para el presidente Rafael Correa, esto es “inconveniente”.

Él considera que hay patronos que podrían aprovecharse para registrar a empleados “incluso de hace 50 años”. Y ellos -los trabajadores-, empezarían a exigir la totalidad de prestaciones del IESS.

El ex director general del Instituto, Joaquín Viteri, cree que habría un efecto lesivo para el seguro social, pues los empleadores solo pagarían por las afiliaciones y los intereses, no por las multas, que también sostienen al ente.

“Y no se sabe si existe la capacidad para atender la demanda de prestaciones que pudieran llegar de un momento a otro”.

El Ejecutivo no ha cuantificado el número de afiliados que pudieran llegar al IESS si se aplica la ley tal y como aprobó el Legislativo.

El Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS tampoco han respondido sobre esta tema.

Esa cuantificación es casi imposible de hacerla, dice un funcionario del IESS que prefirió la reserva. El dato más cercano de trabajadores no afiliados, dice, lo publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según la última encuesta de empleo, de los 2,29 millones de ocupados plenos que existen en el país, el 59,8% está afiliado. La cifra difiere con los 2,25 millones de afiliados que registra el seguro social hasta abril pasado.

Para el representante de los trabajadores ante del Consejo Nacional de Salarios (Conades), Carlos Sánchez, no está claro el veto del Ejecutivo. “No hay claridad sobre por qué se decidió fijar tres años. Debe decir cuál fue el criterio para fijar ese período. Hay gente que no ha sido afiliada 20 años, ¿qué pasará con ellos?”, se preguntó.

Este tema es de menor relevancia para Ricardo Flor, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. “No hay agremiados que busquen amnistía para afiliar al seguro social”.

En cambio, a Maritza D., una trabajadora privada, sí le preocupa que solo se reduzca a tres años el registro de la afiliación, sin pagar multas ni recibir sanciones.

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“Tengo una empleada doméstica que laboró conmigo cinco años y no le aseguré al IESS porque no quiso. Iba a afiliarla sin esto de las sanciones, pero ahora no sé si lo haga. Las multas son altas”, dijo.

Lo que establecen los dos textos
La ley aprobada y el veto difieren en el tema sobre el IESS

Transitoria segunda
Por esta sola vez  los empleadores que en  cualquier tiempo no hubiesen afiliado a sus trabajadores en relación de dependencia, así no mantengan la relación laboral actualmente, no serán sujetos de sanción y podrán afiliarlos extemporáneamente al IESS dentro del plazo máximo de seis meses, pagando los valores  de aportación patronal ...   

Transitoria segunda
Por esta sola vez  los empleadores que  no hubiesen afiliado a sus trabajadores en relación de dependencia en los últimos tres años, así no mantengan la relación laboral actualmente, no serán sujetos de sanción y podrán afiliarlos extemporáneamente al IESS dentro del plazo máximo de seis meses, pagando los valores de aportación patronal...

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