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A tres meses de que venza el plazo del Gobierno ecuatoriano para que se recauden USD 100 millones a cambio de no explotar el ITT, las autoridades al frente de la iniciativa ponen su confianza en la reunión con la comunidad internacional, prevista el 23 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

En ella esperan que se concreten al menos USD 44,4 millones, que se sumarían a la cifra de USD 1,6 millones, la cual permanece al momento en las cuentas del fideicomiso internacional administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del fideicomiso nacional, administrado por la Corporación Financiera (CFN).

La iniciativa Yasuní-ITT es una propuesta sin precedentes que comprende dejar bajo tierra 846 millones de barriles de petróleo a cambio de que la comunidad internacional reconozca su corresponsabilidad en los daños ambientales del planeta y entregue USD 3 600 millones al país.

El Ecuador, de su lado, contribuye con el mismo monto ya que explotar el crudo le significarían ingresos por USD 7 000 millones.

De acuerdo con la representante de la Iniciativa, Ivonne Baki, solo es cuestión de que se cumplan ciertos “trámites burocráticos” para que se hagan reales los ofrecimientos de gobiernos como Italia, Perú, Bélgica, Colombia y Francia (ver tabulado). Se espera que ellos pasen al fideicomiso en la reunión del 23 de septiembre.

En la cita, el presidente Rafael Correa hará una exposición de los avances de la Iniciativa con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y la intervención de los contribuyentes.

Baki destacó que en la reunión también se espera conocer el compromiso de otras 10 naciones entre las que se cuentan Turquía, Rusia, China y Japón.

imagenLa funcionaria explicó que en estos meses se ha trabajado en la promoción del aporte de la sociedad civil con donaciones directas a la página web del fideicomiso www.mdtf.undp.org/yasuni.

Según Baki, además, se busca impulsar la Iniciativa en el medio empresarial. Para ello, dijo que se tramita la forma de establecer una sociedad con una fundación estadounidense a fin de conseguir que las donaciones que lleguen de ese país puedan ser deducidas de los impuestos.

Aunque no lleguen a completar los USD 100 millones, Baki aspira a que el presidente Correa evalúe el trabajo realizado y continúe con la iniciativa de preservar la biodiversidad del Yasuní.

Sin embargo, hay escepticismo no solo respecto a la meta de diciembre, sino también sobre los números que se manejan como contribuciones casi seguras.

El ex presidente de la Comisión técnica del ITT, Roque Sevilla, opinó que los aportes más importantes de los gobiernos internacionales continúan detenidos.

Según Sevilla, la contribución de la sociedad civil se pensó más como un peso de carácter político en favor del ITT y no tanto monetario. Este último se buscaba de gobiernos como Alemania, Francia, Bélgica y Suecia, que hacia finales del 2009 ofrecían cada uno como mínimo USD 8 millones al año para el Yasuní.

Cuatro señales, según Sevilla, en ese momento impidieron que se concretaran los compromisos.

La primera, la amenaza de recurrir a la explotación en el caso de que no se concreten los fondos; seguida de la denuncia de los tratados de protección de inversiones; el avance del proyecto de la Refinería del Pacífico tomando en cuenta el crudo del ITT; y, finalmente, la conformación del Directorio del fideicomiso sin un equilibrio entre el Gobierno y los aportantes. Este último punto, a fin de que se utilicen los recursos en los objetivos acordados como el cambio de matriz energética.

Esas señales negativas permanecen, dijo Sevilla, y se evidencian en que no se concreta el dinero de los donantes.

Alberto Acosta, impulsor del Yasuní-ITT, coincide en que faltan señales “vigorosas” que levanten confianza a escala internacional, como el archivo del Plan B para la explotación del ITT hasta las próximas elecciones o la detención de las exploración en el Bloque 31, área colindante con los campos en la zona del Yasuní. No obstante, cree que no se llegará a la explotación en el 2012 al ser un año de campaña electoral.

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