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La investigación realizada por un presunto lavado de activos a cuatro ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, que tiene su matriz en la capital azuaya, no alterará su funcionamiento. De acuerdo con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que regula a estas entidades, no habrá una intervención ni hay problemas en la entidad.

Según el superintendente (e) Cristian Cruz, la cooperativa está operando con normalidad y las investigaciones se centran sobre determinados empleados que están identificados. "Eso no compromete en absoluto el funcionamiento de Coopera. La cooperativa sigue siendo administrada por sus socios, su Consejo de Administración y el Gerente subrogante".

El sábado pasado se realizó una audiencia de formulación de ­cargos, a la que asistió el fiscal General de la Nación, Galo Chi­riboga. Allí, el juez Primero de ­Garantías Penales del Azuay, Miguel Arias, ordenó la prisión preventiva del gerente financiero y auditor de la cooperativa. Las investigaciones también se centran sobre el gerente, quien está fuera del país, y sobre otro ejecutivo.

La fiscal que lleva el caso, Paola Molina, denunció que hubo transacciones sospechosas, que ascienden a USD 31 millones, que sobrepasan la totalidad de los depósitos a la vista de esta entidad financiera. Esos montos llegaron del exterior y, posteriormente, volvieron a salir del país. Uno de los destinos fue Venezuela.

Esta investigación se inició tras una auditoría realizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Según Cruz, ese trabajo permitió el cruce de información entre varias instituciones públicas, por lo que se identificaron movimientos inusuales, que fueron comunicados a la Fiscalía.

El movimiento de ese dinero se realizó entre el año pasado e inicios del 2013. Coopera tiene más de nueve años en el mercado y cuenta con cerca de 130 000 socios distribuidos en nueve agencias que funcionan en los cantones Cuenca, Santa Isabel y Ponce Enríquez (Azuay) y en Naranjal, Durán y Yaguachi (Guayas).

El fiscal Galo Chiriboga, en conferencia de prensa, dijo que es posible que este tipo de ilícitos se esté trasladando a las cooperativas. Para Cruz, el rol de la Superintendencia es controlar a las organizaciones de la economía popular y solidaria para evitar que operaciones ­inusuales se introduzcan en las cooperativas. "No se han identificado otros casos similares".

Cruz señaló que la Superintendencia aplica un sistema de supervisión integral, que comprende un proceso de control extra situ permanente y el plan anual de supervisión in situ. Además, mantiene canales de comunicación con otras instituciones públicas para cruzar información relacionada con las entidades controladas.

El juez Arias también ordenó la retención de fondos de 16 cuentas de Coopera (13 pertenecientes a empresa y tres a personas naturales). En su intervención, la fiscal Molina dijo que hay empresas de esa lista que declararon su Impuesto a la Renta en cero y han realizado transferencias de montos elevados de dinero.

Ayer, la atención fue normal en los oficinas de Coopera, lo mismo ocurrió en sus 11 tiendas Coopera (venta de frutas, legumbres... ) y en tres restaurantes. Las tiendas compran los productos de los socios agricultores de la cooperativa y venden a los consumidores.

Según el abogado defensor de un implicado, Diego Rodríguez, en la investigación se demostrará que la cooperativa y los funcionarios no tuvieron nada que ver con las transferencias. "El gerente salió al exterior para asistir a un congreso y está retornando al país".



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