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En el centro de Cuenca, el 1 de agosto del 2013, se reunieron unos 50 socios de la cooperativa de ahorro y crédito Coopera que fue disuelta en junio pasado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Los cuenta ahorristas, quienes tenían más de USD 10 000 en ahorros, cargan carteles donde solicitan una reunión con el presidente Rafael Correa.

Según datos de la SEPS, 1 661 socios tenían más de los USD 10 000 y se está coordinando un calendario para devolver el dinero. Sin embargo, los afectados reclaman que no reciben información de esta entidad y que no hay transparencia sobre qué se está haciendo con su dinero, explicó Gustavo Quito, uno de los afectados.

La disolución de Coopera se dio por una presunción de lavado de activos por USD 31 millones y el deterioro del patrimonio durante los últimos tres años que ascendió a USD 12 millones. Por el cargo de presunción de lavado de activos están detenidos tres exejecutivos de la entidad financiera.

Los migrantes que regresaron de los países donde vivían, principalmente EE.UU. y España, y depositaron sus ahorros en esta cooperativa. Ellos imprimieron un cartel, con el que piden atención al presidente Rafael Correa atención para solucionar su problema.

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