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Los refugiados colombianos podrán acceder a los beneficios de una ley para reparar a las víctimas del conflicto armado interno de casi medio siglo, dijo el lunes en Quito el senador Juan Fernando Cristo, promotor de la iniciativa.

La ley "puede aplicarse a todas las víctimas del conflicto, estén en Colombia o en el exterior, tengan o no la condición de refugiados políticos en los países adonde fueron o no la tengan", señaló el congresista colombiano en rueda de prensa.

Cristo expuso en Quito los alcances de la norma -sancionada el 10 de junio y de la cual fue ponente- a autoridades ecuatorianas, delegados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de organizaciones no gubernamentales (ONG).

La reunión fue convocada por la ONG colombiana Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), que asegura que unas 560.000 víctimas del conflicto colombiano "son refugiados o buscan refugio en varios países", sobre más de tres millones de desplazados a lo largo del conflicto.

Ecuador, con unos 53.000, es la nación que más colombianos ha reconocido como refugiados, según cifras oficiales. Cristo manifestó que la situación de esas personas "no es la mejor desde el punto de vista jurídico, económico y social".

"Esas víctimas, si quisieran, porque es voluntario, podrían acogerse a la ley y plantear su retorno a Colombia", señaló el congresista, quien indicó que en la reglamentación de la norma deberán incluirse aspectos específicos para que ello sea posible.

Se espera que el decreto reglamentario esté listo antes del 15 de noviembre, dijo Cristo, y anotó que la ordenanza debería definir el mecanismo a través del cual el gobierno colombiano convocará a los refugiados para elaborar un "registro único".

El legislador explicó que esas personas recibirán reparaciones según su situación. "Si fueron desplazados y despojados de sus tierras tendrían derecho a la restitución; si no fueron despojados, pero sus familiares fueron desaparecidos o asesinados tendrían derecho a una indemnización", sostuvo.

La ley, que tendrá una vigencia de 10 años, indemnizará a las víctimas de grupos guerrilleros, paramilitares y de agentes de la fuerza pública a partir de 1985 (cerca de 4 millones) y restituirá tierras a desplazados a partir de 1991 (unas 400.000 familias), según datos oficiales.

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