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El gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos finalmente consiguió que el Senado aprobara la Ley de Víctimas.

La norma, que tendrá una vigencia de una década y que constituye una de las ofertas políticas de gran calado del actual Mandatario, sorteó los reparos de su antecesor, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y del entorno de este.

En una primera reacción, a través de su cuenta de Twitter, Santos señaló: "Ley de Víctimas hará historia en el país. Esperamos sancionar ley con presencia del Secretario General de la ONU". Y añadió: "(es) una ley que realmente va a cambiar en muchos aspectos la historia del país"

De esa manera, el gobernante refirió que espera promulgar la normativa durante la visita de Ban Ki-moon a Bogotá, el 11 y 12 de junio. Antes de eso, una comisión de conciliación armonizará las versiones de la norma aprobadas por la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia, para así elaborar un texto final que
que será firmado por el Presidente.

La iniciativa, que va a contracorriente con las posturas del uribismo, incluyó el reconocimiento de que en Colombia existe un conflicto armado interno. Este asunto se había constituido en la piedra de toque entre el actual gobernante y el ex Jefe de Estado, que lo había negado a lo largo de sus dos mandatos presidenciales y en todo foro en el que intervino.

Por presión de sectores afines a Uribe se incluyó en el texto aprobado que la admisión de la existencia de un conflicto armado no implicará el otorgamiento del estatus de beligerantes a las guerrillas y a las agrupaciones de paramilitares.

¿Cuáles son los puntos más salientes de la Ley? En primer lugar, para efectos de una reparación se reconocerán a las víctimas de la violencia a partir del 1 de enero de 1985. El Gobierno colombiano he hecho sus cuentas y considera que se requieren 44 billones de pesos (alrededor de USD 24 000 millones) para ese efecto y cubrir a los 4 millones de afectados por la confrontación interna.

En lo que resta de este año se requerirán 2,2 billones de pesos (cerca de USD 1 200 millones) para cumplir con esas obligaciones, señaló ayer el ministro de Hacienda (Finanzas), Juan Carlos Echeverry.

En segundo término, la ley también contempla de restitución de tierras a las personas que fueron despojadas de ellas por la acción de los grupos armados ilegales. En este año, según había dicho el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se planea devolver al menos unas 500 000 hectáreas de un total de más de 2 millones de hectáreas arrebatadas a sus legítimos dueños a causa de la violencia interna.

La aprobación de la Ley de Víctimas en primera instancia fue saludada ayer por la ONU.

"Es la culminación de un esfuerzo iniciado por el presidente Juan Manuel Santos para poner verdaderamente en el centro de atención a las víctimas", consignó en una nota oficial la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH.. El comunicado tiene la firma de Christian Salazar, su representante en Bogotá.

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