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Con los alegatos finales de las partes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó este jueves, en San José, dos días de audiencia pública en el juicio contra el Estado de Costa Rica por la prohibición de la técnica de fecundación in vitro.

Durante la audiencia que inició el miércoles, los jueces de este tribunal internacional escucharon la opinión de varios peritos sobre esta técnica, que permite tener hijos a personas afectadas por problemas de infertilidad permanente.

También dieron su testimonio algunas de las personas afectadas por esta disposición, vigente desde el año 2000 por un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Este jueves, la Procuradora General de Costa Rica, Ana Lorena Brenes, que representó al Estado, argumentó que “el país debe garantizar el derecho a la vida por encima de otros derechos” y que esa es la razón por la que se mantiene la prohibición.

Según el punto de vista del Estado, que es el mismo de la Iglesia Católica, la vida humana empieza en el momento mismo de la fecundación del óvulo y la técnica de la fecundación in vitro implica que varios embriones sean desechados, una vez escogido el que se implanta a la mujer.

Por su parte, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las familias demandantes, aseguraron que la posición del estado costarricense no tiene fundamento científico y se basa en un prejuicio religioso.

“El Estado ha causado una evidente lesión a los derechos humanos de decenas de personas que sufren una discapacidad reproductiva” dijo el abogado Boris Molina, representante de los demandantes.

Tras la conclusión de la audiencia, la Corte deliberará sobre el caso y se espera que haya emitido una sentencia antes de que concluya este año, según dijo recientemente el presidente del organismo, Diego García-Sayán.

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