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La escena era inusual. En la Casa Rosada no solamente figuras del oficialismo estuvieron pendientes del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), sino también de la oposición.

Algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical, el histórico partido enfrentado al peronismo, dudaban si asistir o no. Finalmente aceptaron la invitación del kirchnerismo. Estuvieron políticos como Patricia Bullrich, Francisco de Narváez con quienes en otras circunstancias los kirchneristas no compartirían un café. Pero el tema era conocido.

La Presidenta iba a pronunciarse sobre la que podría considerarse la única política de Estado por esencia de la Argentina: el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, en tiempos en que acusan al Reino Unido de “una militarización del Atlántico Sur”.

Fue “fundamental que haya sido de esa manera (con todo el bloque opositor), porque el tema Malvinas es una política de Estado, una política permanente de Argentina, independientemente del Gobierno que esté a cargo”, según el subsecretario de Presidencia, Gustavo López.

“Malvinas es una causa que nos importa a todos, por encima de las diferencias políticas o partidarias que podamos tener con la Presidenta o con el kirchnerismo”, dijo por su parte la vicejefa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, opositora del Ejecutivo Nacional.

CFK instruyó en la tarde del martes al canciller Héctor Timerman “para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también ante la Asamblea de la ONU, esta militarización del Atlántico Sur que implica un grave riesgo para la seguridad internacional”.

La ONU reconoce la existencia de un conflicto y cuya salida debe darse mediante el diálogo y la negociación entre Argentina y Reino Unido. Pero denunciar la militarización en el Consejo de Seguridad de la ONU es algo “novedoso”, para el ex senador Rodolfo Terragno, porque “salvo en la ocasión de la guerra (1982), no ha tenido intervención en este conflicto”. Afirmó que el Consejo de Seguridad va a analizar el pedido, pero que Argentina encontrará un obstáculo: Inglaterra es uno de los miembros con poder de veto. “Yo no sé por qué y con qué propósito la Presidenta convoca. A mí lo que me interesa es analizar lo que dice y lo que decide”.

La presencia de uno de los destructores más modernos de la naval inglesa y del príncipe William en el archipiélago como parte de su instrucción militar, a días de cumplirse los 30 años de la guerra entre ambos países, ha alertado a los argentinos, que lo han visto incluso como una provocación.

El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, sostuvo ayer que “no van a ceder a ninguna provocación como la que están instando los ingleses de llevar este conflicto al terreno de las armas. Quieren desestabilizarnos y quieren ver si caemos en la tentación de llevar el conflicto por la vía armada”.

“Que nadie espere de nosotros gestos que estén por afuera de la política y por afuera de la diplomacia, que no se hagan ninguna ilusión (…) Somos gente que ha sufrido demasiado la violencia en nuestro país. No nos atraen los juegos de las armas ni las guerras”, dijo la Mandataria.

De ese modo, el Gobierno quiere también atacar la otra punta del complejo tema Malvinas: la herida interna, por la guerra absurda a la que el general Leopoldo Galtieri enviara a toda una generación para salvar la imagen de la dictadura. Por eso, ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto que ordena la desclasificación del Informe Rattenbach, en el que se señala responsables políticos y militares de la guerra y cuyo contenido, considerado secreto de Estado por la dictadura, deberá hacerse público en 30 días.

Con esta medida, el Gobierno pretende conocer “el accionar de la dictadura que consumó el terrorismo de Estado; demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter ‘no público’ no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal del gobierno de facto”, dice uno de sus considerandos.

Reino Unido se defiende

Las autoridades británicas se defendieron ayer de las acusaciones argentinas de estar “militarizando el Atlántico Sur”, en el marco del conflicto por la soberanía de las islas Malvinas. Una portavoz del primer ministro británico, David Cameron, desestimó  la amenaza de la Presidenta argentina que  el martes advirtió con llevar una queja  al Consejo de Seguridad de la ONU.

La portavoz del premier señaló que es asunto de Argentina si desea hacerlo. “Los habitantes de las islas Falkland (Malvinas) eligieron ser británicos y su derecho a la autodeterminación es un principio contemplado en la Carta de la ONU”, añadió la portavoz, que rechazó que su país esté llevando acabo una “militarización” de la región y poniendo en riesgo la seguridad internacional.

Anteriormente, otro portavoz del Ministerio de Exteriores británico había dejado claro que Reino Unido no tenía intención de negociar sobre una posible independencia de la isla con Argentina, si los lugareños no lo desean así expresamente, afirmó.  DPA