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En la sabatina del 14 de septiembre de 2013, el Presidente de la República se refirió a la corrupción en contratos de reaseguros para riesgos de las inversiones públicas.

Históricamente, en los procesos de aseguramiento a contratar del sector público, debía haber un concurso con arreglo a la ley, en que podían participar todas las empresas autorizadas en el Ecuador para los respectivos ramos, esto es por el portal de compras públicas.

En el actual Gobierno, algunos aseguramientos han seguido ese proceso. Pero, los más cuantiosos han sido entregados directamente a dos empresas de seguros que controla el mismo Gobierno: Sucre y Rocafuerte. La pillería estuvo encubierta en los reaseguros.

En el negocio de seguros, el asegurador intenta que parte del riesgo asegurado lo asuma un reasegurador, para el evento que ocurra el siniestro, por cuyo riesgo se contrató el seguro.

¿Cómo se paga el reaseguro?: transfiriendo parte de la prima pagada por el asegurado. ¿Cuáles las pillerías?: cuando no hay controles previos ni auditorías oportunas, las pillerías van desde forjar reaseguros, para robarse el segmento de primas que debe transferirse al reasegurador, hasta lo sofisticado de establecer condiciones de pago diferentes a las constantes en el contrato de seguro, de modo que si se produce el siniestro, el reasegurador "se lava las manos", por las condicionalidades con las que extendió el reaseguro.

En convocatorias de la Municipalidad de Guayaquil he visto que con buen criterio se exige a los posibles ofertantes que presenten el reaseguro que los respaldaría, de modo que no se firma la póliza sin comprobar la vigencia del reaseguro.

¿Cuáles son los pillos?: el Presidente culpa a las empresas de papel que aparecieron como reaseguradoras y pide investigar si hay responsabilidad de quienes en su gobierno entregó el manejo de los seguros del Estado. Mi diferencia con lo expresado por él está en que la génesis de la pillería está en la falta de profesionalismo en la gestión de seguros, con menos o más dolo, en la conducta de los que a dedo el Estado le delegó su contratación.

Era un "secreto a voces" el manejo corrupto de los seguros del Estado. Al admitirlo el Gobierno, debe además corregir procedimientos.

Otro caso mencionado por Correa: la elevación del costo del nuevo pabellón carcelario en Guayaquil. Se presupuestó USD 45 millones. Se construyó en quince meses, pero terminó costando USD 66.5 millones, un incremento de 55%. No conozco detalles del caso puntual. Pero, los sobreprecios de los contratos del sector público adjudicados sin concurso, en condiciones de los que usualmente se llaman "llave en mano" -en el argot popular, "lleve en mano"- son espeluznantes.

¿Habrá que esperar que la corrupción se desborde, para recién tomar acciones contra esta?

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