En la Unión Europea es posible pedir a los buscadores que eliminen información, pero no siempre escuchan. Foto: AFP

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Tecnología

El derecho al olvido no es una opción para todos los usuarios

Estéfano Dávila Ferri

¿Ha pensado alguna vez en ‘googlearse’ a sí mismo? La cantidad de información personal a la que es posible acceder por medio de Google es, por decir lo menos, sorprendente. Lo suficiente como para dar un buen paseo por el camino de la memoria, y en algunos casos, incluso encontrar cosas del pasado que, a veces, preferiríamos olvidar.

Con esto en mente, la Unión Europea inició un debate que llevó a crear un marco legal al respecto. Fue así que en mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea instituyó algunas normas, como extensión de la Directiva de Protección de Datos de 1995.

Ha pasado poco más de un año desde que se tomó esta decisión, y los principales buscadores de Internet todavía están trabajando en la forma de cumplir con las regulaciones impuestas.

Este marco legal establece, en resumen, que las personas tienen el derecho a no ser estigmatizadas por información de su pasado que pudiera considerarse como irrelevante o, incluso, dañina. Aquí se toma en consideración las características o el tiempo desde el cual transcurrieron determinados eventos que muchas personas preferirían olvidar y hacer que sean olvidados por el resto.

Esto se contrapone, sin embargo, al derecho de acceso a la información y se complica aún más cuando los principales buscadores como Google, Bing y Yahoo facilitan enormemente el acceso a todo tipo de datos, haciendo cada vez más difusa la barrera entre lo que es público y lo que es privado.


Solo en Europa, Google controla el 90% de las búsquedas y el acceso a la información, según un informe de la Comisión Europea emitido en abril de este año.

Desde entonces, y hasta ahora, han surgido varias interrogantes respecto al proceso. Muchos pasos se han dado por parte de Google, Microsoft y Yahoo para permitir a los ciudadanos europeos solicitar a los grandes buscadores informáticos que retiren determinados enlaces de los resultados de búsqueda.

No obstante, cumplir con las nuevas reglas de juego ha probado ser un tanto complicado. Hasta ahora se están definiendo muchas de las reglas y se intentan llenar algunos de los vacíos legales. Google, por ejemplo, no borra simplemente toda la información que la gente solicita mediante su formulario. La compañía del buscador designó un equipo específico para revisar las solicitudes.

Tras la revisión y aprobación de algunos de los pedidos, estos son eliminados solamente de los resultados de las versiones de Google en los países de la Unión Europea (google.fr para Francia, o google.uk para Inglaterra), pero los datos permanecen disponibles en el resto del mundo y en la versión global del buscador (google.com).

Hace pocos días, por ejemplo, la Comisión de la Informática y de las Libertades de Francia solicitó a Google que extienda el ‘derecho al olvido’ a todas las versiones de su buscador. La compañía estadounidense se negó a este pedido, indicando que aun cuando respeta la posición de la Comisión, rechaza en principio la idea de que un organismo nacional intente reivindicar el control sobre el derecho al acceso a la información de los ciudadanos de todas partes del mundo.

La resolución de este y otros debates ayudará en el momento de extender este tipo de legislaciones hacia los países latinoamericanos.