En Ecuador, uno de cada cinco estudiantes de entre 11 y 18 años afirma haber sido víctima de acoso escolar. Foto: ingimage
Si ante su denuncia, en el plantel donde estudia su hijo le dicen: “aquí no hay bullying”, no se conforme. En Ecuador entró en vigencia este 2017 un Protocolo de actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, el cual puntualiza que los colegios tienen la obligación de denunciar ante las autoridades competentes las revelaciones de violencia hechas por los niños y adolescentes.
El Protocolo especifica que si un niño, niña o adolescente hace saber a un docente o autoridad de la institución educativa que está viviendo una experiencia de violencia y/o violencia sexual dentro o fuera de la institución educativa, debe expresarle su apoyo y brindarle ayuda, evitando las siguientes actitudes: desestimar la situación de violencia, culpabilizar a la víctima, iniciar procesos de mediación con el agresor o agresora e irrespetar el derecho a la confidencialidad.
En ese marco, el instructivo señala que los profesores y personal administrativo no deben emitir comentarios como: ¡Qué habrás hecho ahora!; tú te buscaste/mereces lo que te está pasando; eso te pasa por andar en malos pasos; esta situación es culpa tuya; tú provocaste lo que te sucede; te lo advertí; miren lo que le ha pasado a su compañero/a.
Entre los lineamientos que se contemplan para acompañar a los estudiantes, en general ante casos de violencia a niños, niñas o adolescentes, el Protocolo establece que profesores y autoridades de los colegios deben fortalecer procesos de sensibilización, velar por la integridad física y psicológica de las personas involucradas, proteger al estudiante que denuncia y mantener la confidencialidad que el caso amerita, con mayor énfasis en situaciones de violencia sexual.
“En caso de que el agresor o agresora sea docente o autoridad de la institución educativa, se debe (…) romper el mal llamado ‘espíritu de cuerpo‘ y recalcando que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un delito“, dice el instructivo en su página 66.
El Protocolo aborda que entre las formas de agresión también se encuentra la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. La violencia psicológica es todo lo que perjudique la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, control de creencias, decisiones o acciones. O maltrato verbal: insultos, gritos, apodos, burlas, comentarios peyorativos, discriminación, groserías, sarcasmos, etiquetamientos y maltrato emocional, difusión de rumores, acciones para culpar, ofender…
En el ámbito educativo, dice el instructivo, la violencia se puede presentar no solo entre pares estudiantes, sino con personas adultas como docentes, autoridades, madres y padres de familia.
La violencia física “es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en los agredidos, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias”. Se manifiesta en golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, bofetadas, torceduras, empujones, fracturas, intentos de ahogamiento, agresiones con objetos contundentes, arma blanca, castigos físicos reiterados, provocación de mutilaciones, quemaduras, ingestión forzada de drogas…
La violencia sexual son los toqueteos, caricias, manoseos o acercamientos consentidos o no por parte de un adulto hacia un niño o adolescente. Forzar a un niño a que toque partes íntimas de una persona o de compañeros, hacer comentarios de índole sexual, respecto a su apariencia, usar palabras eróticas, solicitar o llevar a cabo encuentros con finalidad sexual en o fuera de la institución son graves formas de violencia que no puede ser pasadas por alto.
¿Qué dicen las cifras en el país? En Ecuador, uno de cada cinco estudiantes de entre 11 y 18 años afirma haber sido víctima de acoso escolar. El estudio denominado Violencia entre pares en el sistema educativo: Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador fue realizado en 2015 en 126 instituciones educativas públicas y privadas, de sectores urbanos y rurales. Se aplicaron 5 511 encuestas auto administradas a estudiantes de octavo de Educación General Básica a tercero de Bachillerato..
El Protocolo enfatiza que los lineamientos contemplados en dicho documento “son de aplicación obligatoria para todas las instituciones educativas del sistema nacional de educación y su personal. Su incumplimiento o falta de difusión podría generar inadecuados procesos de intervención y remisión, que traerían como consecuencia sanciones desde las instancias competentes”.
En alusión a los profesores y responsables de los centros educativos, el Protocolo refiere: “Es importante recordar que el acto de denunciar no es opcional, es decir: quien no ponga en conocimiento de la autoridad competente una situación de violencia está cometiendo una infracción penal, tal como lo señala el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 277″. Dicho artículo tipifica la omisión de denuncia, sancionada con cárcel de 15 a 30 días.
El 22 de junio del 2017, el ministro de Educación, Fánder Falconí, pidió a todas las autoridades del sistema emprender una cruzada ética en defensa de la seguridad y protección de los estudiantes que asisten a los establecimientos educativos. Recordó que los chicos acuden a las clases creyendo que tendrán un ambiente de paz, solidaridad, armonía y seguridad. “Hago esta invocación porque en los últimos días, según diferentes denuncias, hemos constatado con indignación y hasta con horror, cómo varios estudiantes han sido víctimas de todo tipo de delitos”.