Tres hinchas del Vasco da Gama que participaron el domingo en un brutal enfrentamiento durante un partido de fútbol de la Liga brasileña fueron detenidos al término del encuentro, según aseguraron hoy, lunes 9 de diciembre medios locales.
Los detenidos, de 23, 26 y 29 años respectivamente, se encuentran en la cárcel regional de Joinville, en el estado de Santa Catarina, donde se jugó el partido Atlético Paranaense-Vasco da Gama, interrumpido por más de una hora a raíz de los incidentes. La Policía Civil informó que prosigue con las investigaciones a fin de identificar otros involucrados en la batalla campal, cuyas imágenes cargadas de violencia recorren hoy el mundo.
Entre los heridos, el más grave es un joven de 19 años que sufrió fractura de cráneo y debe permanecer en observación por tiempo indeterminado. Otros dos heridos, ambos de 24 años, continúan en observación por haber recibido también golpes en la cabeza. Un cuarto de 29 años ya fue dado de alta. Dos de los heridos pertenecen a la hinchada del Vasco, que acabó descendiendo a la segunda división tras caer por 5-1 ante Parananese, y los otros dos integran la “barra brava” del “Furacao”, que con el triunfo selló su pase a la Copa Libertadores de 2014.
La seguridad interna del estadio Arena Joinville estaba a cargo de una empresa privada contratada por el Paranaense. La policía ingresó al estadio cinco minutos después de que comenzaran los disturbios. “Es un evento privado y la seguridad era de responsabilidad de una empresa privada contratada por el Atlético-PR”, dijo el teniente coronel de la Policía Militarizada Adílson Moreira, citado por el diario O Globo.
Según informó la corporación, la ausencia de policías dentro del estadio respondió a una orden del Ministerio Público, que propuso que el Poder Judicial prohibiera la participación de policías militares en actividades que no fueran de competencia constitucional de la corporación. “Otra actividad considerada expresamente como ilegal viene a ser, justamente, la destinación de policías militares para integrar la llamada barrera de divide a los hinchas.
El Ministerio Público entiende que esa actividad es de competencia de los organizadores del evento, y, por lo tanto, de competencia privada”, expresó la Policía a través de un comunicado. Según el portal Globoesporte.com, el contrato entre el Paranaense y la alcaldía de Joinville establece que la responsabilidad por la seguridad es del club, aunque una de las cláusulas determina que compete al club “suministrar el aparato policial militar”, hacerse cargo “de los costos correspondientes”, y “disponer la seguridad privada con un contingente suficiente para garantizar la seguridad del público”.
El procurador general del Supremo Tribunal de Justicia Deportiva (STJD), Paulo Schmitt, anunció que denunciará a ambos clubes en base a una normativa que prevé multas para aquellas entidades que “dejen de tomar acciones capaces de prevenir y reprimir desórdenes en su plaza de deportes”. Además de multas, la ley prevé que el club sancionado pierda derecho a jugar de local por entre uno y diez partidos.