Un juzgado tiene la batuta en el conflicto

Los directivos se quedaron en el auditorio de la FEF tras la suspensión del Congreso del Fútbol. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

Los directivos se quedaron en el auditorio de la FEF tras la suspensión del Congreso del Fútbol. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

Los directivos se quedaron en el auditorio de la FEF tras la suspensión del Congreso del Fútbol. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

El conflicto entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) -que preside Luis Chiriboga- y Kirie Bravo -titular del Club Deportivo Sandino del cantón manabita Santa Ana- pasó al campo legal.

Los abogados de la FEF realizaban ayer (10 de enero) gestiones para que se elimine la medida cautelar que impidió la realización del Congreso Ordinario del Fútbol del país, el viernes (9 de enero). En esa cita, estaba prevista la reelección, quien está al frente de la FEF desde 1998. También la formulación de nuevas reglas para el torneo local.

Bravo logró que la medida cautelar se aplicara sobre la base de un argumento: que las elecciones en la Ecuafútbol eran ilegales porque incumplían con los reglamentos que establece la nueva Ley del Deporte, que entró en vigencia el 12 de agosto del 2010.

Él y sus asesores jurídicos apelaron a los artículos 48 y 51 de esa Ley (ver recuadros). El primero indica que las Federaciones Ecuatorianas por Deporte deben estar conformadas por equipos de alto rendimiento y/o formativos y que estos deben cumplir algunos requisitos.

Por ello, según Édison Gracia -que representa al equipo Sandino- las asociaciones provinciales no podían participar en las elecciones de la FEF.

La FEF rebatió esta tesis. Según Alejandro Vanegas, abogado del organismo que rige el balompié local, existe una confusión al respecto.

Él afirmó que el artículo 73 de la misma Ley del Deporte (ver recuadros) establece que la FEF se rige por sus propias normas y estatutos. “Están haciendo una lectura (de la Ley) con prejuicios. Es una campaña de descrédito en contra de la actual administración”.

El especialista en derecho deportivo Giovanny Cárdenas evita dar un pronunciamiento sobre quién tiene la razón en el conflicto legal. “Este momento ya hay un proceso en marcha y no se puede dar la razón a una u otra parte. El juzgado determinará quién tiene los argumentos válidos”.

¿Y las asociaciones?

Bravo solicitó que el Ministerio del Deporte pida a las 48 Federaciones por Deporte sus estatutos. Esto para que los compare con los de la Ecuafútbol con el objetivo de determinar irregularidades.

En medio de este pedido, están los clubes profesionales y las asociaciones provinciales de balompié nacional. Según los estatutos de la Federación, los 24 planteles de Primera Categoría (12 de la Serie A y 12 de la Serie B) y las 22 asociaciones pueden participar en las elecciones del organismo.

Este Diario buscó al representante jurídico del Ministerio del Deporte para obtener su versión, sin éxito. Eso sí, el Departamento de Comunicación de esa Cartera detalló que solo una Asociación Provincial de Fútbol (la de Santa Elena) y siete clubes adecuaron sus estatutos a la nueva Ley.

Estos siete equipos son Barcelona, El Nacional, Espoli, Aucas, Olmedo, Independiente del Valle y Emelec. Es decir, que solo una de las 22 asociaciones y siete planteles de 24 estarían acorde a la nueva reglamentación.

Guillermo Saltos Guale, síndico de la FEF, calificó como “una intromisión” estos pedidos”. Dijo que los estatutos de la Federación se rigen por la FIFA.

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