1 de julio de 2016 15:00

El aire que respiramos 

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Fernando Robayo

Al recorrer ciertos sectores con alto flujo vehicular de la ciudad a pie, en bicicleta o en moto, es posible percibir la densa contaminación que emanan los vehículos, y particularmente los que tienen motores alimentados por diésel (buses y camiones, principalmente).

Si bien no son todos, muchos de ellos dejan a su paso una espesa nube de smog que inevitablemente va a parar en las vías respiratorias de los transeúntes. Esto hace que nos preguntemos cómo puede ser que estos vehículos, cuya operación atenta contra la salud de los ciudadanos, aprueben la Revisión Técnica Vehicular, que en el caso de los de uso público se debe realizar dos veces al año.

En estos días, precisamente, el Concejo Metropolitano de Quito analiza la posibilidad de reducir a una la cantidad de revisiones anuales de los vehículos de servicio público, según lo disponen el Decreto Ejecutivo 975 del 8 de abril y la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito del 16 de junio.

En todo caso, más que la frecuencia de las revisiones, el tema pasa por la calidad de las mismas. El proceso debe estar orientado a precautelar la calidad del aire y, en consecuencia, la salud de las personas, sin permitir concesiones.

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