Tiempo de lectura: 1' 48'' No. de palabras: 280

Pablo F. Araujo Ribadeneira.

Desde los altos ejecutivos de la AGD, como también de diferentes sectores ciudadanos, con cierta frecuencia se ha manifestado el criterio de que la AGD debería concluir con sus actividades y ser cerrada, sin exponer ningún argumento valedero y justificable que sustente en debida forma esa desaparición, en beneficio, principalmente, de todos aquellos ecuatorianos a quienes nos congelaron los depósitos en la banca para luego sufrir con el cierre de los bancos y entrar a un largo calvario hasta que nos devuelvan los dineros confiados a la banca nacional.
 
De acuerdo con la Ley de la AGD no únicamente estaba para devolver los depósitos, sino también para, en honor a la justicia, pagar los intereses correspondientes al tiempo transcurrido desde el congelamiento hasta la devolución de los capitales, lo que no se ha cumplido ni parcial ni totalmente. Es decir, la AGD sigue siendo deudora morosa de todos los ecuatorianos afectados por la crisis financiera. Para que se haga efectivo ese pago de intereses, existe una razón indiscutible: que la AGD cobró y continúa cobrando intereses a los préstamos otorgados por la banca cerrada, que en su oportunidad se concedieron con los dineros depositados en esos bancos. Hasta la presente fecha los directivos de la AGD, incluidos los actuales, jamás han explicado el destino, el uso que dieron a esos ingresos por concepto de intereses que generó esa cartera. No se puede pasar por alto que este organismo del Estado, como cualquier otra entidad, debe tener un organismo de control, que para el caso no es otro que la Contraloría General del Estado.

Califique
2
( votos)