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La propuesta del procurador de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, de reformar el sistema judicial en casos de consumo de drogas es una buena idea en tanto que aporta nuevos criterios para flexibilizar un proceso que hasta ahora había sido excesivamente rígido. Su orden tiene mérito porque orienta el trato a los consumidores de drogas más hacia el tema de la prevención y tratamiento médico que como un delito castigable con cárcel, pero a fin de cuentas resulta tímida para quienes esperaban un cambio más atrevido, y prudente para quienes piensan que el asunto de la legalización requiere un debate muy profundo.

Si ponemos la iniciativa de Holder en el contexto del debate sobre las drogas en el país y en el resto del mundo, es evidente que se queda corta porque atiende más a otros problemas que al tema de la legalización. Por un lado, Holder acusa recibo a los grupos defensores de los derechos civiles que han protestado por el desproporcionado número de minorías encarceladas por este tipo de delitos y también por el desproporcionado castigo a estas cuando cometen delitos similares a los que comete gente de raza blanca.

Por el otro, muestra que Holder busca una fórmula que le permita aliviar el problema del hacinamiento en las prisiones. En las cárceles estadounidenses está confinado el 30% de los prisioneros de todo el mundo y de los más de dos millones de personas que actualmente están encarceladas en el país, más de la mitad de ellos están en prisión por delitos relacionados con drogas.

La decisión de Holder obedece también a un cambio en la estrategia contra las drogas de la administración de Obama en tanto que privilegia la rehabilitación de los consumidores sobre el castigo del delito. Actualmente, solo el 15% de los prisioneros adictos a las drogas recibe tratamiento para su rehabilitación.

Pero, a diferencia de algunos países europeos y latinoamericanos, donde ya se ha despenalizado o legalizado el consumo de ciertas drogas, o donde se ha iniciado un debate público serio, hasta el momento nadie en la administración de Obama habla seriamente de despenalizar o de legalizar a pesar de que en dos Estados de la Unión ya se han aprobado leyes que legalizan el consumo de marihuana, lo que contraviene leyes federales. Obama y el director de la Oficina para el Control Nacional de Drogas, Kerlikowske, han rechazado la legalización de la producción, venta y consumo de cualquier droga, incluyendo la marihuana. Y aunque admiten que la 'guerra contra las drogas' ha sido ineficaz, costosa y en casos contraproducente, sostienen que la única manera de enfrentar a los carteles que representan un grave peligro a la seguridad nacional es valiéndose de la legítima fuerza del Estado; es decir, combatiéndolos militarmente.

Quizá en un futuro distante la legalización podría incidir en las ganancias de los criminales; pero de ninguna manera conduciría al desmantelamiento de estas organizaciones internacionales.

Mientras tanto, ya sea por su prudencia o por su timidez, hasta ahora ningún grupo político de importancia se ha manifestado en contra de las recomendaciones del Procurador de Justicia de la nación, por lo que al menos en EE.UU. todo sigue casi igual que siempre.

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