Nuevamente dentro de los proyectos de Reforma Penal se pretenden establecer sanciones a los que difundan la Palabra de Dios.Además de atentar contra el derecho de expresión, se dirige concretamente a ministros religiosos (sacerdotes) y a todo aquel -católico o no- predicador público que hable en iglesias, comunidades, foros, establecimientos educacionales o encuentros.
La justificación -sumamente maliciosa- está en que “no se puede desprestigiar a la autoridad”. ¡Por favor!, ¿cuándo se ha dado este caso en nuestro medio religioso? Ahora que la doctrina comunista, socialista revolucionaria y anárquica que vivimos en los últimos años permite que sus argumentos intenten parecer verdaderos. Esto no puede ser en un país civilizado como Ecuador. Soy ciudadano y católico practicante y me considero con el derecho de protestar y reclamar sobre este infundio.