El informe del Conea presentado el 10 de noviembre de 2009, hace una categorización de las universidades, resultando 26 con categoría E, señalando como causas, falta de académicos estables, no tener un plan mínimo de nivelación para los estudiantes, etc. Entre sus recomendaciones está la depuración a través de acciones legales que competen a la Asamblea, “precautelando los derechos de los estudiantes”.
Como resultado, se crea un Plan de Contingencia; el diccionario de la Lengua Española señala que contingencia es: “Posibilidad de que una cosa exista o no”, se opone a necesidad, de los 38 108 estudiantes, solo 10 015 estudiarán bajo la guía de un interventor, 28 093 deberán acogerse a este plan que no precautela los derechos de los estudiantes.
Si lo que se busca es la excelencia universitaria, ¿por qué?, si se conocían las falencias, no se intervino a tiempo para no perjudicar a tantos estudiantes que hoy están en el limbo. ¿Por qué?, si ya se había solicitado la depuración de estas universidades, las pruebas tomadas a los alumnos no incluyeron requisitos para que los 59 212 cupos de las otras universidades sean llenados por estos alumnos. Lo óptimo sería que estos estudiantes continuaran con sus estudios sin interrupción, donde existen los cupos. Por lo visto, faltó de las autoridades.