La Constitución de la República del Ecuador, que según los constituyentes iba tener una persistencia de veinte o más años, ahora ellos mismos en su gran mayoría, no solamente que tratan de reformarla sino que le están transgrediendo, al pretender reformar ciertas leyes en contraposición a lo que manda nuestra Norma Suprema, como es el caso a la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que la Asamblea ya aprobó, por el solo hecho de inclinarse al sistema.
Palmariamente la Constitución de la República, dispone que las Fuerzas Armadas tienen como misión imprescindible la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y que la protección interna y el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la Policía Nacional y únicamente el Presidente de la República podrá disponer el empleo de las Fuerzas Armadas cuando haya declarado el estado de excepción.
Más claro que esto no canta un gallo y es más sorprendente aún que legisladores que en un gran número son juristas, ejecuten lo dispuesto por el conspicuo, para de esa forma agraciarse y no ser agraviado. Hay que recordarles a nuestros asambleístas que las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecen de validez jurídica.