Desde los albores de la extracción del petróleo amazónico, Schlumberger ha sido una de las empresas de servicios, que competía con similares bajo un marco legal que regulaba los precios e impedía el monopolio, situación favorable para que los costos de extracción del barril no hayan impactado negativamente en los ingresos estatales.
A inicios del 2011, para el campo Shushufindi, dicho costo fue de $10,14 el barril, pero ¡oh sorpresa!, en enero del 2012, Petroecuador suscribe un contrato de Provisión de Servicios (…) por 15 años, por el cual al Consorcio Shushufindi –del que forma parte Schlumberger- por sus servicios tecnológicos, le reconoce una tarifa de $30,66 por barril a los que se suman los costos propios de la empresa pública.
Para los primeros cinco años, en millones de dólares, la inversión comprometida es de $1.196,1, sus ingresos se habrían situado en $2.295,3, los que arrojarían una ganancia de $1.099,1.
La inversión del Consorcio más proviene del cobro de las tarifas antes que de dineros frescos. De una producción de 80.320 barriles diarios del 2016, en diez años (2026) se reduzcan a 11.963 (85%menos).
La ciudadanía merece que se explique: a) La caída del precio de venta del petróleo ¿en qué porcentaje ha reducido la rentabilidad estatal del 95%?; b) ¿Cuál ha venido siendo la del Consorcio?; c) ¿Ha ocurrido el “milagro” de que se añadan 99,6 millones de barriles de nuevas reservas?; d) De las 1.800 plazas de trabajo ¿cuántas son ocupadas por ecuatorianos? y, e) ¿Se cumple con el artículo 408 de la Constitución que dice “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto no inferior a los de la empresa que los explota”.