No cabe la menor duda, en caso de que al Presidente no le satisfaga algún punto o detalle de la Ley de Comunicación que aprobará la mayoría gobiernista de la Asamblea, lo que ocurrirá, es que, en función de ello el Primer Mandatario la vetará -lo más probable es que sea totalmente-, y la modificará a su gusto y antojo. Con ello, lo que realmente estaría consiguiendo el Ejecutivo es asestarle el golpe de gracia a la libertad de expresión en el país; pues, lo que sucederá, será entre otras cosas, que a los medios privados o independientes no les quedará otra alternativa que transmitir al público, pero de manera totalmente acrítica, la única y exclusiva verdad que prevalecerá en adelante en el país: la oficial.
Por lo tanto, aquellos medios y periodistas que “osen” desacatar los lineamientos del Régimen en materia comunicacional; sin mayor trámite, serán sometidos a juicio, probablemente sumario, y a clausurarlos se ha dicho… Cuando ya entre en vigencia la Ley, habrá total ausencia de una responsabilidad creativa que es lo que debe caracterizar a todo medio de comunicación. A la postre, dicha Ley se erigirá en el defecto medular que suelen tener los sistemas totalitarios.