El Presidente del Directorio del IESS, sin medir las consecuencias financieras que podrían producirse en los recursos del Instituto, acaba de declarar que “por falta de Reglamento”, no puede reconocerse la deuda por servicios de salud otorgados a los afiliados del Seguro Social que mantiene con el Gobierno Central.
Se olvida que la falta de una cuantificación actualizada no puede condonar la obligación y si esto no se ha hecho, él sería responsable de los perjuicios que eventualmente se causen al IESS, tanto más que la Administración anterior ya estableció como deuda, el monto de USD 1 870 millones en el reclamo presentado al Ministerio de Finanzas exigiendo su pago.
Solo la Contraloría tiene atribuciones para pronunciarse al respecto en su calidad de Juez de Cuentas. Y si quiere congraciarse con sus superiores, por, supuestamente, “sanear las cuentas”, al menos debería buscar una razón valedera.