La gestión de las autoridades debe evaluarse con indicadores de eficacia, cobertura, oportunidad, rentabilidad financiera o social según corresponda, etc., así como por el clima laboral generado.
Presumiendo la buena fe de su conducta, es insensato pensar que deben responder por todo acto administrativo que implique ejecución presupuestaria, informe legal, técnico para adjudicación de contratos, de auditoría, etc. generado en el nivel jerárquico inferior por servidores de carrera que muy bien conocen los procesos, gozan además de autoridad informal y cuentan con la formación y experiencia requerida para sustentar esos actos administrativos. Reglamentos de Delegación de Firmas e indicadores de gestión podrían objetivar a los responsables y evitarse la discrecionalidad, falta de transparencia o abuso de poder (Klitgaard), que puede darse, y debe prevenirse, a todo nivel.