Según datos de prensa, el gobierno se apresta a enviar a la legislatura un proyecto en materia de reformas laborales y otro para modificar la seguridad social. Asuntos de por sí delicados ameritarían que los actores involucrados los conozcan, debatan y hagan conocer sus puntos de vista, porque siempre en esta materia se pueden deslizar, así no sea la voluntad del legislador, elementos que después compliquen aún más el fomento del empleo. Varios han sido los cambios a la legislación laboral en las dos últimas décadas. De una confrontación permanente que se vivió de los 80 a inicios de los 90, se pasó a una etapa en que disminuyeron significativamente los conflictos laborales. Para ello influyeron las reformas del gobierno de Izquierda Democrática que, en el poder, constataron que debían darse algunos cambios que permitieran la disminución de la conflictividad laboral. El otro gran cambio se produce a la llegada de este gobierno con la terminación de la tercerización. Esta última figura había causado malestar por su aplicación, por lo que se volvió un asunto ofrecido en campaña y finalmente se la prohibió.
Pero si bien el Código de la materia requiere ciertos cambios, es evidente que deben producirse en el orden de facilitar la creación de nuevas plazas de empleo y mantener las existentes, sin que la normativa laboral se convierta un óbice que amedrente al emprendedor. Eso no quiere decir eliminar derechos de los trabajadores, sino crear figuras imaginativas que permitan nuevas modalidades de trabajo para actividades especiales que no se encuadran en la normativa general, aclarar en forma inequívoca preceptos que por su ambigüedad generan conflictos en su aplicación.
Otro punto que demanda revisión es el del ejercicio de los derechos laborales colectivos corrigiendo excesos que, hoy por hoy, en caso de conflicto conducirían al cierre de las fuentes de empleo, que es precisamente lo que se debería evitar. El mundo laboral cambio ostensiblemente y si nos negamos a ver esa realidad nos quedaremos anclados a una legislación obsoleta que no ayuda a incorporar al mundo laboral formal a grandes cantidades de personas en capacidad de trabajar. La normativa actual desalienta, no apoya la creación de empleo, cuando precisamente lo que buscan los países es dar soluciones a esos ejércitos de desocupados que se encuentran excluidos.
Si se insiste en ampliar los beneficios de quienes gozan de empleo se actuará en desmedro de los que no lo tienen, con lo que al final no se podrá corregir en forma sostenida y sustentada la exclusión. Este ya no es un asunto político de discusiones sin sentido, ni de lucha de clases que tanta postergación ha causado en décadas, sino el momento de encontrar soluciones para que las grandes mayorías accedan al bienestar. Ese camino es el empleo formal sustentable.