El primer año de la ‘reforma judicial’ ha sido comentado por los medios de comunicación independientes con un escepticismo que comparto. He ejercido la profesión de abogado día a día, excluido el tiempo que actué como diputado, por más de treinta años. Tengo suficientes fundamentos, por mi conocimiento práctico, personal y directo del quehacer cotidiano de los juzgados, para señalar sus deficiencias y necesidades y, por tanto, para valorar los resultados de un proceso de reforma. Nadie puede discutir que es urgente y prioritaria. Pero ninguna reforma a la Función Judicial -entiéndase bien- será exitosa sin “independencia interna” y “autonomía administrativa, económica y financiera”.
Nunca antes he recibido con tanta frecuencia autos y providencias sin fundamentos legales, ajenos al sentido común, que constituyen auténticos disparates. Algunos jueces, que no dictan sentencias, siguiendo instrucciones y para aparentar que despachan las causas (la propaganda lo exige), se han dedicado a declarar abandonos aun sin que se cumpla el plazo legal; otro, ordena que se ‘pruebe documentadamente’ que se ha ‘hecho lo imposible’ (¿cómo se prueba que se ha hecho lo que no es posible hacer?); un tercero se declara incompetente para conocer el juicio porque se ha pedido que se cite por comisión; un último, por ahora, con hondos conocimientos geográficos, dispone que se remita el proceso a la Corte Superior del Chimborazo para que sea sorteado a un juez de la ciudad de Guaranda…
La ‘reforma’, en lo esencial, nació muerta. Ninguna reforma a la Función Judicial -repito- producirá resultados positivos mientras no se respeten y cumplan dos principios consagrados, para ser pisoteados, en la Constitución de Montecristi: “independencia interna y externa” y “autonomía administrativa, económica y financiera”. Una Función Judicial sin independencia, con fiscales y jueces nombrados en ‘concursos’ cuestionados, atemorizados y agradecidos, entregados a la dictadura e incapaces de adoptar decisiones autónomas, pensando más en la conservación de sus cargos que en el respeto y el imperio de la ley, será un instrumento dúctil y sumiso del poder.
Mencionaré un hecho simple que refleja ese proceso de sumisión: un juez temporal de lo civil, con fecha 27 de junio de 2012, ordenó que se publique el texto de una escritura pública, como dispone la ley, en uno de los diarios de mayor circulación de “esta ciudad de Quito”, para luego sugerir abusivamente que sea en el medio ‘El Telégrafo’, “de acuerdo al Oficio circular del Consejo de la Judicatura No. 113-DG-CJ-12, del 6 de junio del 2012”. El Consejo de la Judicatura, que supuestamente es independiente y autónomo, que casi ha logrado paralizar la Función Judicial, ¡está preocupado por los ingresos y el incremento de las ventas del diario ‘El Telégrafo’!