El Ecuador se encuentra en una de las zonas sísmicas de mayor riesgo en el mundo, lo que obliga a mantener una estadística histórica de los terremotos y sus afectaciones, con el fin de ir depurando las normas que deben ser empleadas en las construcciones en todo el país. Es imperativo mantener una constante comunicación con países que experimentan continuamente terremotos y aprender de sus experiencias para aplicarlas en nuestros códigos de construcción y seguridad.
Nuestras poblaciones tienen un crecimiento urbano vertiginoso, debido a las grandes migraciones salidas del campo, lo que dificulta que los gobiernos locales tengan un estricto control sobre las construcciones que clandestinamente se levantan en zonas invadidas y otras. A eso se suma, el alto costo de vida que obliga a que los aumentos en las construcciones se hagan basados en la experiencia de un maestro mayor, en vez de un profesional experto. Las mingas sin dirección técnica y el excesivo papeleo burocrático también están entre las trabas para aplicar normas sísmicas seguras.
Los expertos de la Universidad San Francisco, asignados por la Fiscalía, en su informe deberán incluir además de las causas, las recomendaciones que minimicen los efectos de sismos. Distancias entre construcciones, estudios de los diferentes suelos, pues en Manabí son muy arcillosos, vías de luz, aguas servidas, etc.
El Gobierno central, municipios y otras autoridades locales se encuentran en la obligación de corregir estos errores del pasado, creando ingenieros inspectores que ayuden a construir viviendas seguras a todas las personas informales, para luego con sus informes incorporarlas en las estadísticas y en el desarrollo seguro de nuestras ciudades.
La oportuna creación de leyes de contacto directo, para construir, entre la población y las autoridades será más eficaz que juicios posteriores de responsabilidad penal o derrocamientos forzados.