Quito perdió una valiosa oportunidad: la de discutir y afrontar integralmente el viejo problema de los taxis informales; de parar el sistema corrupto de venta de cupos; y, de afrontar los desafíos y posibilidades que las plataformas tecnológicas ofrecen a la movilidad.
Sí, es necesario dar una respuesta a la seguridad laboral de los taxistas informales, pero la ordenanza para la regularización de 8 700 taxis que aprobó el Concejo Metropolitano no toca los problemas de fondo y deja a la ciudad, a los usuarios y a los propios taxistas desprotegidos frente a los retos del futuro.
Fui la única Concejal que votó en contra de esa ordenanza pues considero que perpetúa un negocio lucrativo de compra venta de cupos autorizados de taxi que se negocian en decenas de miles de dólares y que benefician a unos pocos. También ignora la necesidad de reorganizar las rutas y frecuencias del transporte público como un paso previo indispensable para solucionar los problemas de la informalidad. Y cierra los ojos ante una realidad que ya está entre nosotros, las plataformas tecnológicas.
La ordenanza no soluciona los problemas de movilidad, no vela por los intereses de la ciudad y no legisla para el futuro. Me siento orgullosa de haber sido la excepción en esta ocasión pero lamento que mis colegas del Concejo y el Alcalde no hagan suyas estas prioridades.